El crimen ambiental que Suecia exportó,Chile olvidó y sus responsables nunca pagaron
REPORTAJE DE INVESTIGACIÓN
Más de 40 años después del depósito de 20.901 toneladas de desechos tóxicos en el corazón de Arica, el material sigue en un depósito provisional, los responsables nunca fueron condenados penalmente, sus familias continúan haciendo negocios en minería y los afectados siguen muriendo a la espera de justicia.
El origen del desastre: cómo llegaron las 20.901 toneladas
Entre 1984 y 1989, la empresa sueca Boliden Mineral AB exportó desde su fundición en Rönnskärsverken, en Skellefteå, Suecia, más de 20.901 toneladas de desechos tóxicos a la ciudad de Arica, en el norte de Chile. El material fue etiquetado en los documentos aduaneros como «barros con contenidos metálicos», con el argumento de que serían procesados para extraer oro, plata y arsénico. La realidad era muy diferente.
Los residuos contenían altísimas concentraciones de metales pesados: un 17% de arsénico, un 4,5% de plomo, 3.000 partes por millón de mercurio y un 0,05% de cadmio, además de zinc y cobre. En Suecia, este tipo de material ya estaba catalogado como residuo peligroso y su disposición estaba sujeta a regulaciones estrictas que Boliden, consciente de sus obligaciones legales, necesitaba eludir.
La empresa intermediaria fue Promel Ltda. (Sociedad Procesadora Metalúrgica Limitada), una empresa chilena con sede en Arica. Sus socios —Marcos Beovic Vranicic, David Fux Glickman, Blas Martino Muñoz, Natalio Fosk Rosenberg, Alberto Koch Sologuren y Eduardo Fosk Abrahamson— cobraron, según documentación de la época, aproximadamente 1,5 millones de dólares por recibir el material. La operación fue autorizada por el coronel Joaquín Larraín Gana, entonces jefe del Instituto de Salud Pública, mediante una declaración que nunca fue verificada químicamente.
«A las autoridades sanitarias y de Aduana de ese entonces se les dijo, mediante declaración jurada, que se trataba de material metálico no tóxico. La realidad era que lo que se estaba importando eran desechos tóxicos con altas concentraciones de arsénico. — Senador chileno, intervención en el Congreso, 2021»
Los envíos se realizaron en 14 despachos entre 1984 y 1985 (origen sueco) y continuaron hasta 1989 con otras 1.762 toneladas provenientes de Estados Unidos, camufladas bajo el nombre de «óxidos de cobre». El destino final: el denominado Sitio F, un predio fiscal ubicado a 250 metros de las poblaciones Sica Sica, Los Industriales y Cerro Chuño, en la periferia de Arica.
Promel nunca procesó el material. La empresa se declaró en quiebra dejando las toneladas de desechos tóxicos a la intemperie, expuestos al viento y a la lluvia, esparciendo polvo contaminado sobre los barrios circundantes. En 1989, el propio Gobierno dictatorial permitió que se construyeran viviendas sociales en el sector de Los Industriales, directamente contiguo al basural químico. Los vecinos nunca fueron informados.
El descubrimiento y la primera ola de muertes
Durante toda la década del ’80 y la primera mitad de los ’90, los niños del sector jugaban en lo que los vecinos llamaban «El Pantano»: socavones donde los relaves de Promel caían y, al secarse bajo el sol del norte, se convertían en una especie de polvo blanquecino con el que los niños rayaban el suelo y las paredes. Nadie les advirtió del peligro.
No fue sino hasta 1997 que la comunidad presentó su primera denuncia formal, alertando sobre la existencia de «un cerro de color negro del cual emanaban fuertes olores a metal». En 1998, el Servicio de Salud de Arica ordenó muestras de sangre en la población del sector Cerro Chuño y Los Industriales, detectando presencia de arsénico y plomo en los organismos de los residentes.
Ese mismo año, el Estado trasladó los acopios del Sitio F a la zona de Quebrada Encantada, en las cercanías de Cerro Chuño, aproximadamente a 650 metros del barrio. El traslado fue deficiente: los vehículos circularon por en medio de las poblaciones con una simple lona como única protección, esparciendo el polvo contaminado a su paso. En el lugar de destino ya vivían asentamientos informales de personas de bajos recursos.
«Estos minerales fueron depositados acá porque no encontraron cómo devolverlos a su lugar de origen. Fueron trasladados por dentro de la población en vehículos que iban sin protección, solo con una lona que se levantaba, por lo que el polvo igual se esparció. — Marisol Maibe, exdirigente vecinal de Cerro Chuño»
Las consecuencias en la salud fueron devastadoras. Cáncer de distintos tipos, dolencias pulmonares, afecciones óseas, anemia, alergias crónicas, abortos espontáneos, defectos de nacimiento severos como hidrocefalia y espina bífida, y trastornos neurológicos en los niños fueron algunas de las patologías documentadas. Se estima que al menos 21.000 personas resultaron afectadas, con 12.000 casos de contaminación comprobada por metales pesados.
En 1999, un grupo de pobladores, representados por el dirigente vecinal Lombardo Molina y apoyados por la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), interpuso una demanda por daño ambiental contra el Estado de Chile y contra Promel. Fue el inicio de un calvario judicial que se extiende hasta hoy.
Las empresas responsables: Boliden y Promel
Boliden AB — La minera sueca
Boliden AB es una empresa minera y metalúrgica fundada en Suecia en 1924. Cotiza en la Bolsa de Estocolmo y opera fundiciones y minas en Suecia, Finlandia, Noruega, Irlanda y otros países europeos. A mediados de la década de 1980, enfrentaba presiones regulatorias en su país de origen para deshacerse de los residuos acumulados en su fundición de Rönnskärsverken, afectando la salud de sus trabajadores suecos.
La solución fue exportar los desechos a Chile, aprovechando la laxitud regulatoria del gobierno de la época y la disponibilidad de Promel para recibirlos. Boliden pagó por el servicio y etiquetó el material como apto para reprocesamiento. Cuando años después estalló el escándalo, la empresa rechazó cualquier responsabilidad, atribuyendo la culpa a Promel.
En 2013, más de 700 residentes de Cerro Chuño iniciaron una demanda en Suecia contra Boliden. En 2018, el Tribunal de Apelación del Norte de Norrland absolvió a la empresa. La Corte de Apelaciones confirmó el fallo, aplicando la ley sueca y argumentando que los delitos habían prescrito y que Boliden «no había tenido oportunidad de prever esa consecuencia». Para los afectados ariqueños, el fallo fue un golpe devastador. Boliden no opera en Chile y nunca pagó indemnización alguna a las víctimas.
Promel Ltda. — La empresa chilena
Promel fue fundada en Arica por un grupo de empresarios locales con trayectoria en la minería regional. Su principal figura pública fue Marcos Beovic Vranicic, quien llegó a Arica en 1954 y construyó una carrera como emprendedor minero, siendo descrito en medios locales como «un pionero de la minería ariqueña» incluso décadas después del escándalo.
Promel también era propietaria de la mina de oro y plata de Choquelimpie, en el Parque Nacional Lauca. En 1987, los socios vendieron esa mina a la empresa Billiton (subsidiaria de Shell) por el equivalente a 15 millones de dólares. El dinero fue recibido por los socios antes de que Promel declarara su quiebra estratégica, dejando las toneladas de desechos sin tratar y a los afectados sin responsable solvente a quién demandar.
«La empresa existía solo en el papel porque años antes se había declarado en quiebra. — Relato sobre el proceso judicial contra Promel, Radio Universidad de Chile, 2018»
Cuando el caso explotó públicamente, David Fux, uno de los socios, fue consultado por su responsabilidad. Su respuesta fue lapidaria: «Lo que ellos quieren es dinero. No sea tan inocente. Junto a nuestra industria, cuando yo estaba ahí, ya vivían miles de personas en torno a basurales, llenos de sarna y nadie se preocupaba de ellos. Cada vez que hay elecciones se revuelve esto». Fux aseguró haberse retirado de Promel antes de 1984, aunque la justicia lo responsabilizó de daño ambiental.
Los socios de Promel abandonaron la región de Arica y nunca enfrentaron condena penal alguna. Ninguno fue extraditado, ninguno fue procesado criminalmente. Un informe de la Comisión Investigadora del Congreso fue lapidario al señalar que «el proceso que provocó esta grave situación sanitaria tiene como principal responsable a la empresa Promel, la que, concertada con la empresa sueca Boliden, internó ilegalmente estas sustancias, por las cuales, además, habría percibido utilidades».
La Ley 20.590: promesas versus realidad
En 2009, el Gobierno de Bachelet lanzó el «Programa Maestro de Intervención en Zonas con Presencia de Polimetales en Arica», después de que un reportaje del programa televisivo Contacto pusiera el caso en el centro del debate nacional. Se habló de reubicar a 7.000 personas. Pero fue bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera que, el 29 de mayo de 2012, se promulgó la Ley N° 20.590.
La ley fue presentada como un hito histórico: la primera norma específica en Chile destinada a reparar el daño a una comunidad afectada por contaminación industrial. Creó un programa de acción con beneficios en cuatro áreas: salud, educación, vivienda y medio ambiente. También estableció una Autoridad Coordinadora y ordenó la elaboración de catastros y estudios semestrales de riesgo ambiental.
Lo que sigue es la comparación entre lo que prometió y lo que efectivamente ocurrió, según la evidencia disponible hasta 2025:
| Área | Lo que prometió la ley | Lo que ocurrió |
| 🏥 SALUD | Laboratorio de salud pública, estudios epidemiológicos, programa de seguimiento. | Centro de Salud Ambiental puesto en marcha. Se realizan atenciones, pero la comunidad exige médicos toxicólogos especializados. |
| 🏠 VIVIENDA | Relocalización de familias, subsidio habitacional sin ahorro previo, mejoramiento de barrios. | Algunas familias relocalizadas, pero viviendas antiguas no demolidas. Hoy ocupadas por personas en situación de calle e inmigrantes. El Sitio F sellado con una delgada carpeta de asfalto. |
| 🎓 EDUCACIÓN | Beca Polimetales para enseñanza media y superior, reforzamiento educativo, estudios de daño cognitivo. | La Beca Polimetales es el beneficio más operativo. Vigente para 2026. Los demás beneficios educativos han tenido implementación parcial. |
| 🌿 MEDIO AMBIENTE | Estudios semestrales de riesgo ambiental, delimitación de zonas de riesgo. | Se realizaron estudios (UTEM). El material tóxico fue trasladado a Quebrada Encantada, donde permanece hasta hoy en un depósito provisional. |
| ⚖️ INCLUSIÓN NIÑOS POST-2012 | No estaba contemplado originalmente. | La Cámara de Diputados solicitó ampliar la ley para incluir a niños nacidos después del 29 de mayo de 2012. Aún no se concreta la reforma. |
Un estudio publicado en la revista científica Interciencia en 2020 reveló que el 59,4% de los ariqueños encuestados manifestó una valoración negativa de las medidas adoptadas por el Estado. Un 62,2% declaró desconocer la ley, y un 46,7% afirmó no estar al tanto de la implementación de medidas concretas.
Otro punto crítico: la ley fijó como corte de beneficiarios la fecha de su publicación, el 29 de mayo de 2012, excluyendo a los niños nacidos después de esa fecha pero que siguen siendo afectados por la contaminación presente en los suelos. La Cámara de Diputados aprobó resoluciones solicitando extender la cobertura, pero a la fecha de este reportaje la reforma no ha sido aprobada.
El destino de los responsables: del crimen a los negocios
Uno de los aspectos más perturbadores de este caso es el contraste entre la impunidad de los responsables y el sufrimiento prolongado de las víctimas. Mientras los pobladores de Cerro Chuño esperaban décadas una solución, los socios de Promel construyeron nuevas fortunas empresariales.
El vínculo más revelador es el que une a Promel con Quiborax S.A.: entre ambas empresas se repiten los apellidos Fosk y Fux. De acuerdo con el Directorio Minero de Chile, David Fux Glickman —socio de Promel— pasó a ser gerente general de Quiborax. La familia Fosk, por su parte, ocupa roles directivos en esa empresa hasta hoy.
Quiborax es, en la actualidad, el tercer mayor productor de ácido bórico del mundo, con operaciones en el norte de Chile y acciones legales internacionales que le valieron una condena de US$48,6 millones en contra del Estado de Bolivia, ante el CIADI, en 2015.
| Nombre | Rol en Promel | Situación posterior |
| Marcos Beovic Vranicic | Socio y Director Ejecutivo | Abandonó Arica. Sin condena penal. Figura como «pionero de la minería». |
| David Fux Glickman | Socio | Pasó a ser Gerente General de Quiborax S.A., empresa activa hasta hoy. |
| Eduardo Fosk Abrahamson | Socio | Abandonó la región. Sin condena penal. |
| Natalio Fosk Rosenberg | Socio | Sin rastro público posterior conocido. |
| Allan Fosk (siguiente generación) | — | Gerente General y dueño de Quiborax. Figura central en polémicas ambientales 2024-2025. |
| Moisés Fosk (siguiente generación) | — | Director Comercial de Quiborax. |
| Blas Martino Muñoz | Socio | Sin registros públicos de actividad posterior conocida. |
| Alberto Koch Sologuren | Socio | Sin registros públicos de actividad posterior conocida. |
La ironía no termina ahí. Alejandro Fosk —miembro de la misma familia— fue en el pasado uno de los socios fundadores de SFT Capital, la bolsa de valores ligada a los hermanos Sauer, protagonistas del caso Factop y del escándalo Hermosilla, uno de los mayores casos de corrupción en la historia reciente de Chile.
Quiborax hoy: ¿historia que se repite?
La historia de impunidad ambiental parece no haber dejado lección. Quiborax S.A. enfrenta hoy uno de los mayores litigios ambientales de la región de Arica y Parinacota, esta vez en el Monumento Natural Salar de Surire, a menos de 200 kilómetros de Cerro Chuño.
En agosto de 2022, CONAF detectó que Quiborax incumplía restricciones ambientales establecidas para proteger tres especies amenazadas de flamenco que utilizan el salar para reproducirse: el flamenco chileno, el flamenco de James y el flamenco andino. Un informe determinó que durante la temporada 2022-2023 ninguna de las tres especies logró reproducirse en el lugar.
Una investigación periodística conjunta de CIPER y Mongabay Latam, basada en una filtración de más de un millón de correos electrónicos internos de la empresa, reveló que Quiborax elaboró un plan sistemático para flexibilizar las restricciones de sus permisos ambientales, con la colaboración de funcionarios de la administración anterior de CONAF en Arica. En los correos se constató además que la empresa destinó regalos a funcionarios públicos de CONAF, la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y Sernageomin.
«Se ha hecho evidente el alto grado de modificación del paisaje, la aparición de nuevos caminos no regulados dentro del Salar, así como la remoción de sustrato en diferentes zonas, formando lagunas artificiales y zonas de anegamiento que impiden el uso del terreno por parte de los flamencos para su nidificación. — Informe CONAF, 2022»
El 3 de julio de 2024, el Consejo de Defensa del Estado presentó una demanda por daño ambiental ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. El tribunal ordenó la paralización total de las operaciones de Quiborax en el Salar de Surire en septiembre de 2024. A inicios de 2025, el tribunal extendió el régimen cautelar —que limita, pero no impide totalmente las operaciones— hasta el 31 de mayo de 2025.
La escalada internacional: ONU y CIDH
Ante la falta de respuestas internas, las comunidades afectadas escalaron el caso a instancias internacionales. En 2021, seis relatores especiales de la ONU visitaron Arica y enviaron una carta formal a los gobiernos de Chile y Suecia exigiendo una solución urgente. Sus conclusiones fueron contundentes: los residentes de Arica seguían sufriendo graves problemas de salud causados por el vertedero, y los desechos no habían sido correctamente gestionados.
En 2022, el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU, Marcos Orellana, visitó nuevamente la zona y reiteró el llamado. En 2023, el caso fue documentado en el documental sueco «Arica», proyectado en festivales de cine europeos, ampliando la presión internacional sobre Boliden y el Estado sueco.
Paralelamente, ONG FIMA había presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de más de 900 afectados. En octubre de 2022, el Gobierno de Chile se allanó a un proceso de «solución amistosa de controversias». Sin embargo, en febrero de 2025, el Estado chileno puso fin al proceso sin presentar ninguna contrapropuesta a las demandas de las víctimas. El caso continuará siendo evaluado por la CIDH.
En paralelo, durante 2024 se inició un proceso judicial ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que busca determinar la responsabilidad del Estado por el daño ambiental y establecer medidas de reparación definitivas.
El material tóxico: ¿dónde está hoy?
Esta es quizás la pregunta más grave que aún no tiene respuesta oficial satisfactoria. Las 20.901 toneladas originales siguen en suelo ariqueño, cuatro décadas después.
En 1998, el Estado trasladó los acopios del Sitio F a la zona de Quebrada Encantada, a 650 metros de Cerro Chuño. El traslado fue realizado sin las medidas de contención adecuadas. El Sitio F fue cubierto con una delgada carpeta de asfalto. El material en Quebrada Encantada permanece en un depósito provisional que nunca fue concebido como solución definitiva.
El Senado chileno ha pedido formalmente que Chile gestione ante Suecia el retorno de las 19.139 toneladas de origen sueco a su país de origen, para su tratamiento como residuos peligrosos bajo normas europeas. También ha solicitado la repatriación de las 1.762 toneladas de origen estadounidense. Ninguna de estas gestiones ha tenido resultado concreto.
No existe una evaluación de impacto ambiental completa y pública que determine con exactitud cuánto material permanece en el suelo, cuánto se ha dispersado a través del viento y las lluvias, y cuál es el perímetro real de la contaminación en 2025. Los estudios semestrales ordenados por la Ley 20.590 han permitido delimitar zonas de riesgo, pero no han resuelto la contaminación de fondo.
«¿Por qué el Estado de Chile no nos ha tendido la mano? ¿Cuántos años han pasado y no nos han dado una solución concreta? — Elena Vallejos, pobladora de Cerro Chuño, Radio Universidad de Chile, mayo 2025»
Conclusiones: 40 años de impunidad y una deuda sin saldar
El caso de los polimetales de Arica es, en síntesis, la historia de cómo una empresa sueca exportó sus desechos tóxicos a un país con regulaciones laxas, cómo empresarios locales cobraron por recibirlos sin intención de tratarlos, cómo el Estado autorizó la operación sin verificarla y luego construyó viviendas sociales sobre el basural, y cómo décadas de promesas institucionales no han resuelto el problema de fondo.
La Ley 20.590 fue un avance real: creó beneficios concretos como la Beca Polimetales y el Centro de Salud Ambiental, y estableció obligaciones formales al Estado. Pero su implementación ha sido lenta, incompleta y burocrática. Los niños nacidos después de 2012 siguen excluidos. El material tóxico sigue en Arica. Los responsables nunca fueron condenados.
Lo que hace este caso particularmente perturbador es el patrón que emerge: los mismos apellidos que recibieron dinero por instalar un basural químico en Arica han continuado construyendo imperios mineros en Chile, enfrentando nuevas acusaciones de daño ambiental en el Salar de Surire. La impunidad no solo no interrumpió sus carreras: las impulsó.
Las comunidades de Cerro Chuño, Los Industriales y Sica Sica llevan más de 40 años conviviendo con las consecuencias de un negocio en el que no tuvieron ninguna voz. Muchos vecinos han muerto. Otros siguen enfermos. Y la pregunta que repiten generación tras generación sigue sin tener respuesta: ¿cuándo llegará la solución definitiva?
Fuentes y referencias
Marco normativo
• Ley N° 20.590, «Establece un Programa de Intervención en Zonas con Presencia de Polimetales en la Comuna de Arica», publicada el 29 de mayo de 2012. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile — leychile.cl
• Decreto N° 80 (2014), que modifica el Reglamento de la Ley 20.590. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
• Actas del Senado de Chile — debate y aprobación de la Ley 20.590. Boletín N° 6810-12. senado.cl
Fuentes periodísticas e investigativas
• CIPER Chile / Mongabay Latam: «La fórmula de minera Quiborax para saltarse las reglas en el Salar de Surire». Marzo 2024. ciperchile.cl
• Radio y Diario Universidad de Chile: «Nos sentimos abandonados: Comunidades en Arica claman por justicia tras más de 30 años enfrentados a contaminación por polimetales». Mayo 2025. radio.uchile.cl
• La Voz de los Que Sobran: «Promel: ¿Quiénes son los empresarios locales que trajeron a Arica los mortales desechos tóxicos suecos?». Mayo 2021. lavozdelosquesobran.cl
• Tomás Bradanovic (Blog de investigación): «Dos grandes ariqueños y Promel». 2011. bradanovic.blogspot.com
• BioBioChile / EFE: «Casi 40 años de Boliden, sin solución: el vertedero tóxico que el país de Greta Thunberg trajo a Chile». Febrero 2023. biobiochile.cl
• El Mostrador / Aquí Arica: «Por daño ambiental al Salar de Surire paralizan obras de minera de un ex socio de los Sauer». Septiembre 2024. elmostrador.cl
• Vilas Radio: «Polimetales en Arica: Un daño irreversible que aún está pendiente de soluciones». Abril 2024. vilasradio.cl
• El Diario AR / EFE: «El cementerio sueco: el vertedero que Estocolmo exportó a Chile en los ’80». Febrero 2023. eldiarioar.com
• La Tercera: «Estrenan Arica, la película sobre la empresa que envió 20 mil toneladas de desechos tóxicos a Chile». Marzo 2023. latercera.com
• Radio Universidad de Chile: «Ariqueños apelan a justicia sueca por contaminación de polimetales». Mayo 2018. radio.uchile.cl
Fuentes institucionales y académicas
• Subsecretaría del Medio Ambiente de Chile: Cuenta Pública Territorial 2022–2025, polimetales Arica. mma.gob.cl
• Portal Oficial Polimetales Arica. mma.gob.cl
• Plataforma de Consulta Beneficiarios Polimetales Arica — Ley N°20.590. polimetalesarica.gob.cl
• ChileAtiende: Beca Polimetales (BPOL). chileatiende.gob.cl
• Senado de Chile: «Saneamiento de Arica: abogan por el retiro de residuos tóxicos». senado.cl
• Consejo de Defensa del Estado: Demanda por daño ambiental contra Quiborax S.A. Julio 2024. cde.cl
• Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta: Resoluciones sobre Quiborax S.A. y Salar de Surire. 2024-2025.
• ONG FIMA: Caso polimetales Arica — Comisión Interamericana de Derechos Humanos. fima.cl
• OLCA (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales): Carta de Relatores ONU, junio 2021. olca.cl
• Relatores Especiales ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos: Comunicación oficial a los gobiernos de Chile y Suecia. Junio 2021.
• Wikipedia — «Plomo en Arica», con referencias a fuentes primarias. es.wikipedia.org
Fuentes académicas y científicas
• Interciencia, vol. 45, N° 7, 2020: «Percepción de la población de la ciudad de Arica acerca de las medidas adoptadas por el Estado de Chile a raíz del problema de exposición a polimetales». Universidad de Tarapacá. redalyc.org
• Universidad de Chile — Repositorio: «Análisis de los factores sociales y de contaminación actuales que propician los escenarios de riesgo crónico para el sector Cerro Chuño, ciudad de Arica, Región de Arica y Parinacota». repositorio.uchile.cl
Fuentes corporativas y jurídicas
• CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones): Laudo en el caso Quiborax S.A., Non-Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún vs. Estado Plurinacional de Bolivia. Septiembre 2015. icsidfiles.worldbank.org
• Nueva Minería & Energía: «El juicio internacional que una empresa chilena ganó a Bolivia». Septiembre 2015. nuevamineria.com
• Nueva Minería & Energía: «Faenas de Quiborax en el Salar de Surire extienden su permiso para el funcionamiento parcial de sus operaciones». 2025. nuevamineria.com
• Emol: «Boliden, el caso de contaminación con metales pesados provenientes de Suecia que afectó a Arica». Octubre 2019. emol.com
• Fundación Relaves: «Nueva zona de sacrificio: Cerro Chuño de Arica». 2024. fundacionrelaves.org
• Fundación Relaves: «La fórmula de minera Quiborax para saltarse reglas en Salar de Surire». 2024. fundacionrelaves.org
Este reportaje fue elaborado a partir del cruce y verificación de fuentes documentales, periodísticas, académicas e institucionales. Los hechos presentados están respaldados por al menos dos fuentes independientes. Las citas directas provienen de declaraciones públicas registradas por medios o documentos oficiales. La información sobre las empresas Quiborax y sus vínculos con los socios de Promel proviene de investigaciones periodísticas publicadas por medios de reconocida trayectoria (CIPER, Mongabay) y de registros del Directorio Minero de Chile.