En la misma semana en que el gobierno anuncia el mayor “bencinazo” en décadas, la Dipres publica un decreto que sube los honorarios de los asesores presidenciales y ministeriales a casi $10 millones mensuales. Los expresidentes siguen cobrando hasta $18 millones. Los parlamentarios tienen el combustible pagado con fondos públicos. Y los “JEFES” de las FF.AA. llegan al trabajo en vehículo fiscal con chofer. Bienvenido al Chile de la austeridad selectiva.
LA SEMANA QUE LO DIJO TODO
El martes 24 de marzo de 2026 quedara en la memoria colectiva como una fecha de doble estándar. Por un lado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciaba el mayor ajuste al precio de los combustibles en décadas, efectivo desde el jueves 26: $370 adicionales por litro de bencina de 93, $390 en la de 95, y $580 en el diésel. La causa, dijo, era insoslayable: el conflicto en Irán con el barril Brent sobre US$110, y un MEPCO que ya no podía absorber el costo sin comprometer US$200 millones semanales del erario.
Por el otro lado, apenas ocho días antes, el 17 de marzo, la Dirección de Presupuestos había publicado silenciosamente el Oficio Circular N. 15, un decreto que fijo nuevos topes de honorarios para los asesores estratégicos del Presidente de la Republica y sus ministros. Los montos: hasta $9.963.058 mensuales para asesores presidenciales de primer tramo, y hasta $8.199.480 para asesores de ministros del comité político.
Dos noticias. Una misma semana. Un mismo Estado. Para el ciudadano que llena el estanque: $370 más. Para el asesor de La Moneda: potencialmente $9,9 millones al mes. La pregunta no requiere un economista para responderla: ¿quién ajusta realmente en este Chile?
El 17 de marzo, la Dipres sube los sueldos de asesores presidenciales hasta $9,9 millones. El 24 de marzo, el gobierno sube la bencina $370 por litro. Ambas decisiones son del mismo Estado.
EL DECRETO QUE NADIE PUBLICITÓ: SUELDOS DE HASTA $10 MILLONES PARA ASESORES
El Oficio Circular N. 15, emitido por la Dipres el 17 de marzo de 2026, define como asesor estratégico o principal a quienes cumplen funciones directas, específicas y de alta relevancia para el Presidente de la Republica o los ministros de Estado. Y establece, con notable precisión, cuanto puede ganar cada uno.
| CARGO / NIVEL | TOPE MAXIMO MENSUAL | TOPE INFERIOR |
| Asesor del Presidente (tramo 1) | $9.963.058 | $7.749.045 |
| Asesor ministros comité político | $8.199.480 | N/D |
| Asesor otros ministerios | $7.415.182 | N/D |
Fuente: Dipres, Oficio Circular N. 15, 17 de marzo de 2026.
La Dipres y el gobierno se apresuraron a aclarar que estos montos no son nuevos ni arbitrarios. Los topes responden a un sistema de remuneraciones definido por una comisión técnica autónoma creada por la Ley 21.233 de 2020, encabezada por el exministro de Hacienda Felipe Larrain, cuyo objetivo era ordenar y transparentar los sueldos del sector público. Los valores actuales, argumentan, solo reflejan ajustes acumulados en el tiempo, no una decisión discrecional del gobierno actual.
El argumento es técnicamente correcto. Y políticamente catastrófico.
Porque la ciudadanía no vive en el mundo de los argumentos técnicos. Vive en el mundo de los precios. Y en ese mundo, la imagen es nítida: la misma semana en que el Estado le dice a la clase media que debe absorber un alza histórica en la bomba, el mismo Estado publica un decreto que consolida sueldos de hasta $10 millones para funcionarios de confianza. El timing no fue descuido: fue negligencia comunicacional que se convierte en negligencia política.
La crítica de fondo no es si los asesores merecen o no esos sueldos en términos de mercado. La crítica es de señal y de momento. En un país donde el gobierno acaba de declarar que no tiene margen fiscal para absorber el costo del petróleo, consolidar honorarios de $9,9 millones para asesores de confianza, sin que ningún ministro haya renunciado públicamente a parte de ese tope en señal de austeridad, envía un mensaje que ningún decreto puede desmentir: las reglas del ajuste no aplican para todos por igual.
Que los montos respondan a una comisión técnica independiente no hace la imagen menos destructiva. El Estado se dio el aumento y luego le subió la bencina a la ciudadanía. El orden importa.
Párrafo Aclaratorio
Es imperativo precisar que, aunque la ejecución de estos aumentos salariales y beneficios en el aparato estatal para este 2026 responde a decretos y acuerdos de comisiones gestados entre 2023 y 2024, la responsabilidad política hoy es ineludible. Si bien el origen administrativo puede ser previo, en un contexto de crisis económica y alzas históricas en los combustibles, la ciudadanía exige que el Gobierno y el Congreso tengan la voluntad de legislar para congelar o derogar estos incrementos automáticos. No actuar ante un compromiso ‘heredado’ mientras se le pide austeridad al chileno de a pie, no es una limitación legal, sino una decisión de prioridades que profundiza la brecha de confianza con la clase media.
EX PRESIDENTES: HASTA $18 MILLONES POR UN TRABAJO YA TERMINADO
La Constitución Política, reformada mediante la Ley N. 19.672, establece que los ex presidentes de la Republica tienen derecho a una dieta vitalicia equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, incluyendo todas sus asignaciones. El Senado paga este beneficio con cargo a su presupuesto institucional.
En mayo de 2025, la expresidenta Michelle Bachelet recibió $7.348.983 como sueldo bruto, $758.848 por traslación y $8.495.313 por funcionamiento de oficina: un total de $16.603.144 brutos mensuales. Los expresidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle perciben cifras similares.
| ITEM | MONTO MENSUAL | MONTO ANUAL |
| Sueldo bruto (dieta) | $7.348.983 | $88.187.796 |
| Asignación traslación | $1.809.561 | $21.714.732 |
| Asignación oficina | $8.495.313 | $101.943.756 |
| TOTAL MAXIMO / EX PRESIDENTE | $17.653.857 | $211.846.284 |
| COSTO 3 EX PRESIDENTES (actual) | $52.961.571 | $635.538.852 |
Fuente: Senado de Chile, registros de transparencia. Cálculos propios.
Para ponerlo en escala humana: un pensionado del sistema solidario recibe en promedio $104.646 al mes. Un ex presidente puede cobrar hasta 169 veces esa cifra. La biblioteca del Congreso calculo que la dieta de un ex mandatario equivale a 89 pensiones básicas asistenciales o 34 sueldos mínimos.
El debate sobre modificar este sistema ya avanza en el Congreso, acumulando once mociones distintas. La urgencia se agudiza con el inminente egreso del presidente Boric: a sus 40 años, tendría derecho a cerca de $20 millones mensuales de por vida. Esa imagen, un ex presidente de cuarenta años cobrando dieta vitalicia mientras el chileno paga $1.400 por litro de 95, resume mejor que cualquier discurso el estado de la empatía institucional en Chile.
PARLAMENTARIOS: EL ESTANQUE LLENO A COSTO FISCAL
Los 155 diputados y 50 senadores cuentan con asignaciones parlamentarias que incluyen gastos de traslado y movilización, financiados con cargo al presupuesto de sus respectivas cámaras. En la práctica, esto significa que el alza del MEPCO no impacta en el bolsillo del legislador de la misma manera en que impacta en el del contribuyente que financia ese beneficio.
La asimetría es estructural. El impuesto específico a los combustibles, vigente desde 1985 y creado para financiar la reconstrucción vial post-terremoto, nunca eliminado, lo paga íntegramente el ciudadano común. El parlamentario rinde una asignación mensual de traslado que absorbe el alza sin afectar su patrimonio personal. No es ilegal. Tampoco es defendible en una semana donde el gobierno pide comprensión por el “bencinazo”.
FF.AA. Y CARABINEROS: LA FLOTA QUE EL CIUDADANO NO VE
Los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros operan con vehículos fiscales asignados para uso personal y de representación, incluyendo traslados desde sus domicilios particulares. Estos vehículos funcionan con combustible institucional cargado con cargo al presupuesto de defensa e interior.
Una auditoria de la Contraloría General a Carabineros revelo que la institución contrato el arriendo de 206 vehículos por $1.866 millones sin estudios previos que justificaran el gasto; algunos automóviles no registraron carga de combustible por meses y otros no tenían comprobantes de salida. Esta opacidad en la gestión del gasto vehicular es la norma, no la excepción.
El contraste con el personal de tropa es directo: un suboficial de Carabineros o un soldado en los escalafones básicos costea su propio traslado al cuartel. Toma el Metro, el bus, camina varios bloques. Su superior llega en camioneta 4×4 con chofer, con el estanque cargado por el erario. El combustible, en ambos casos, lo paga el mismo contribuyente que acaba de asumir $370 más por litro.
Un suboficial de Carabineros paga su propio pasaje para ir al cuartel. Un “JEFE” llega en vehículo fiscal con chofer. La bencina la paga el mismo ciudadano que acaba de absorber el bencinazo.
EL CHILE DE A PIE: EL EFECTO EN CADENA
El alza de combustibles no es solo el costo del estanque. Es el precio del pan que sube porque el camión que transporta la harina paga más diésel. Es la tarifa del taxi colectivo que sube porque el conductor no tiene margen para absorber $580 adicionales. Es el costo del furgón escolar, del delivery, del flete del campo a la ciudad.
| SECTOR AFECTADO | IMPACTO DIRECTO | EFECTO SECUNDARIO |
| Transporte de carga | +$580/lt diésel | Alza en alimentos e insumos |
| Taxis y colectivos | +$370/lt bencina 93 | Alza en tarifas transporte menor |
| Buses interurbanos | Diesel +$580/lt | Alza de pasajes regionales |
| Sector agroalimentario | Maquinaria agrícola diésel | Alza en hortalizas y frutas |
| IPC general (proyección) | +1,35 a 2,01 pts IPC | inflación 2026: 3,7%-4,4% |
Fuente: Analisis XTB, UDD, U. de los Andes; declaraciones ministeriales.
Las medidas paliativas anunciadas, congelar tarifas del Sistema Red hasta diciembre de 2026, subsidio de $100.000 mensuales a taxistas por seis meses, crédito preferencial para electromovilidad, refuerzo del Fondo de Estabilización del Petróleo de US$5 a US$60 millones, amortiguan el golpe en el Gran Santiago. La economía regional, el furgón escolar, el colectivero de Arica y el camionero que lleva papas desde el Maule van a absorber el costo sin una red equivalente de protección.
EL COSTO DE LA SEÑAL EQUIVOCADA
Los argumentos técnicos están disponibles y son válidos. Los sueldos de los asesores responden a una comisión autónoma creada en 2020. Las dietas de los ex presidentes son un mandato constitucional. El gasto vehicular de las FF.AA. responde a protocolos de seguridad. El alza del MEPCO era insostenible con el Brent sobre US$110.
Todo eso es cierto. Y ninguno de esos argumentos le explica a una familia de Arica por que el Estado que le sube la bencina es el mismo que publica un decreto consolidando sueldos de $9,9 millones para asesores de confianza ocho días antes. La distancia entre la lógica técnica de la elite y la percepción moral de la ciudadanía es, precisamente, donde se pierde la legitimidad institucional.
Lo que Chile necesita en este momento no es solo medidas paliativas. Es una señal inequívoca de que el sacrificio es compartido. Que los asesores presidenciales renuncien voluntariamente al tope máximo del decreto. Que el Congreso apruebe con urgencia la reforma a las dietas de los ex presidentes. Que Carabineros y las FF.AA. transparenten el gasto en combustible y vehículos de altos mandos. Que los parlamentarios publiquen mensualmente sus rendiciones de traslado.
Ninguna de esas medidas resuelve el problema fiscal estructural. Pero todas juntas envían una señal que vale más que cualquier subsidio: que el Estado, cuando pide ajuste, también se ajusta.
La austeridad que solo baja hacia abajo no es austeridad. Es transferencia de carga. Y en Chile, la ciudadanía que lleva años escuchando que hay que apretarse el cinturón ya sabe distinguir entre ambas.
La austeridad real no es la que se anuncia en conferencias de prensa. Es la que se demuestra cuando quien tiene el poder decide también recortarse a sí mismo.
FUENTES CONSULTADAS: Dipres (Oficio Circular N. 15, 17/03/2026; Presupuesto 2025); Senado de Chile (registros de transparencia); Comisión de Constitución Camara (boletines acumulados); Contraloría General (auditoria vehículos Carabineros); CNE (MEPCO técnico); Ministerio de Hacienda (decreto MEPCO 23/03/2026); Emol, La Tercera, Diario Financiero, BioBioChile, T13, Ex-ante, El Mostrador (cobertura 17-25/03/2026); Análisis XTB, UDD, U. de los Andes.
Los montos de dietas y honorarios corresponden a cifras oficiales del Senado y la Dipres respectivamente. Las proyecciones inflacionarias son estimaciones de analistas privados. Los datos sobre gasto vehicular de FF.AA. y Carabineros provienen de la Dipres, Contraloría y fuentes secundarias. Reportaje elaborado el 24 de marzo 2026