| Por la Unidad de Investigación | 10 de marzo de 2026 |
Al menos 20 funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas han sido detenidos, formalizados o investigados entre 2023 y 2025 por cohecho, contrabando y lavado de activos. Operando en avanzadas desérticas donde el control recae en un solo hombre, redes criminales transnacionales encontraron en el tabaco de contrabando un negocio tan rentable como invisible. Lo que sigue es la anatomía de un sistema fallido.
I. Tres de la madrugada en el desierto
Son las 3:17 de la madrugada del 17 de julio de 2024. En la Ruta 1, a la altura del kilómetro 1.823, el termómetro marca cuatro grados bajo cero. No hay luna. El desierto de Atacama —el más árido del planeta— solo existe en la oscuridad como una mancha negra rota por los faros de un camión Kenworth de 25 toneladas que avanza hacia el sur levantando una nube de polvo blanco.
El camión lleva tres días en ruta desde la frontera boliviana. En su interior, disimuladas entre cajas de fruta deshidratada, hay 400.000 cajetillas de cigarrillos paraguayos sin pagar un peso en impuestos y, en el compartimento trasero del remolque, ocultas bajo ropa deportiva genérica, un cargamento de zapatillas y vestuario de marcas falsificadas valorado en más de un millón de dólares. El conductor conoce de memoria cada curva. Ha hecho este recorrido diecisiete veces en los últimos doce meses.
Lo que el conductor también conoce de memoria es algo más valioso que la ruta: el nombre del turno. Sabe qué funcionario de la avanzada aduanera de Quillagua está de guardia. Y sabe que ese funcionario ya recibió su pago.
| «El conductor sabía qué funcionario estaba de guardia. El pago ya había sido acordado. El Estado, en ese momento, no existía.» |
La avanzada de Quillagua es una pequeña edificación de hormigón en medio de la nada. Hay una báscula, una caseta y, desde 2018, un camión escáner de tecnología alemana que costó al Fisco más de 2 millones de dólares. Esa madrugada, el equipo está encendido. El funcionario J.S.V. —identificado así por el Ministerio Público— se acerca al vehículo, intercambia dos palabras con el conductor y, sin ejecutar la revisión física ni documental, sin registrar la patente en el sistema, sin activar el escáner, hace una seña con la linterna. El camión acelera y desaparece hacia el sur.
Dura menos de cuatro minutos. Lo que acaba de ocurrir no es una excepción al sistema. Es el sistema.
II. El botín del tabaco: la mina de oro que corrompe al fiscalizador
Para entender por qué un funcionario público con un sueldo de Grado 19 —menos de 900.000 pesos mensuales— decide arriesgar su carrera, su libertad y su integridad, hay que entender primero la economía del cigarrillo de contrabando. Es, por lejos, el negocio más rentable del crimen organizado en Chile que no involucra narcóticos. Y es deliberadamente así.
| ■ LA MATEMÁTICA DEL CONTRABANDO DE CIGARRILLOS |
| Un cigarrillo paraguayo de la marca «Rodeo» o «Derby» cuesta en origen (Asunción) entre 4 y 6 pesos chilenos la unidad. En el mercado negro de Santiago o Valparaíso, se vende a 60–80 pesos la unidad. Un camión de 25 toneladas transporta aproximadamente 1.000.000 de cajetillas. Costo de origen: ~$25 millones de pesos | Precio de venta mercado negro: ~$3.200 millones de pesos La coima pagada al funcionario de Aduanas: entre $500.000 y $2.000.000 por cruce. Para el cartel, ese costo es despreciable frente a la ganancia. Para el funcionario, equivale a dos o tres sueldos en una noche. |
Las penas son la otra parte de la ecuación. Tráfico de cocaína en escala de «traficante» puede significar entre diez y quince años de cárcel efectiva. Contrabando de cigarrillos, incluso a gran escala, difícilmente supera los tres años bajo la legislación vigente, y con atenuantes —irreprochable conducta anterior, colaboración— a menudo termina en penas remitidas. La industria criminal hizo el cálculo hace años: el tabaco es rentable, discreta y jurídicamente amigable.
El investigador Rodrigo Herrera, criminólogo especializado en crimen organizado transnacional, lo resume con crudeza: el cigarrillo de contrabando es el negocio ideal para reclutar funcionarios corruptos porque el riesgo legal que asume el funcionario es comparativamente bajo, y la presión de las organizaciones criminales sobre ese funcionario es alta, sostenida y personalizada. No es una tentación espontánea: es una captación metodológica.
| «El tabaco es rentable, discreto y jurídicamente amigable. El cartel hizo el cálculo hace años.» |
La ruta: de Asunción a Quillota pasando por un funcionario
La ruta documentada en los casos de 2024 y 2025 es consistente: cigarrillos producidos en Paraguay —principalmente en Ciudad del Este, zona franca históricamente permisiva— cruzan a Bolivia por pasos informales, entran a territorio chileno por la Región de Tarapacá (pasos de Colchane o Chungará), son internados en el sistema formal mediante el «apagón» de controles en avanzadas como Quillagua o El Loa, y finalmente son distribuidos desde bodegas en la Región de Valparaíso (específicamente Quillota) hacia el mercado negro metropolitano.
Es una cadena logística de cuatro países que funciona con la precisión de una empresa multinacional. Y su eslabón más débil —y más explotado— es el fiscalizador solitario en la avanzada del desierto.
III. Radiografía de la infamia: 2023–2025
Lo que ocurrió en Quillagua en julio de 2024 y en El Loa en noviembre de 2025 no fue un accidente ni un caso aislado. Fue la expresión más reciente de un patrón que lleva años instalándose en la institución. La línea de tiempo de los casos documentados desde 2023 pinta un cuadro perturbador.
| Período | Operación / Caso | Funcionarios y cargos principales |
| Mayo 2023 | Operación Columbia I — Aeropuerto AMB | 4 (3 activos): Cohecho, lavado, fraude, asociación ilícita |
| Mayo 2023 | Operación Columbia II — Aeropuerto AMB | 3 activos: Cohecho, soborno, contrabando, lavado |
| Julio 2024 | Caso Quillagua — Aduana Iquique | 1 + 2 civiles: Contrabando, fraude, coima |
| Nov. 2025 | Red El Loa / Quillota | 1 + 11 civiles: Cohecho, contrabando, lavado, asociación |
| TOTAL ESTIMADO 2023–2025 | ~20–25 funcionarios involucrados — detenidos, formalizados, con sumario o investigados | |
Las Operaciones Columbia: cuando el aeropuerto era un mercado
El 4 de mayo de 2023, a las 6:30 de la mañana, 31 inmuebles fueron allanados simultáneamente en cuatro regiones del país. Era el corolario de casi cuatro años de investigación de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI, dirigida en la parte judicial por el Fiscal Eduardo Baeza de la Fiscalía Metropolitana Occidente.
Los antecedentes eran contundentes: una red de clanes criminales había montado en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez un sistema de corrupción estable, con fiscalizadores asalariados que recibían pagos regulares para permitir el paso de carga subvalorada o directamente prohibida. El clan Klif actuaba como intermediario entre los importadores informales y los funcionarios. El clan Alonso operaba con empresas fachada binacionales registradas en Miami. Un tercer grupo —vinculado a lo que la investigación denominó «La Casa del Barbero»— coordinaba la logística de los pagos.
Los pagos se distribuían en efectivo en reuniones realizadas dentro del propio aeropuerto. El cabecilla —identificado como Guillermo Gutiérrez Orellana— subcontrataba a los fiscalizadores y les pagaba en efectivo directamente en las dependencias de Aduanas. El patrimonio acumulado por la red ascendía a cerca de 1.900 millones de pesos.
Una semana después, el 12 de mayo, la Operación Columbia II capturó a tres fiscalizadores más. En total, cuatro inmuebles del propio Servicio Nacional de Aduanas fueron registrados. La señal era inequívoca: la corrupción no estaba afuera de la institución. Estaba dentro.
| «Los pagos se distribuían en efectivo dentro del propio aeropuerto. Cuatro dependencias del Servicio fueron allanadas. La corrupción no estaba afuera de Aduanas. Estaba dentro.» |
Quillagua y El Loa: el norte como tierra sin ley
Los casos de 2024 y 2025 en la Macrozona Norte presentan características estructurales distintas a los de Santiago, pero igualmente graves. Aquí no hay clanes sofisticados con empresas en Miami: hay avanzadas en medio del altiplano donde un solo funcionario tiene el poder absoluto de decidir qué pasa y qué no pasa.
En el caso de noviembre de 2025, el funcionario detenido tenía Grado 19, un sueldo inferior al millón de pesos mensual y llevaba varios años asignado a la avanzada de El Loa. Al momento de su detención, en su domicilio de Iquique se encontraron carteras Louis Vuitton, joyas finas, perfumes de lujo y efectivo en cantidades incompatibles con su remuneración. La carga que facilitó en ese solo cargamento —un millón de cajetillas de cigarrillos— tenía un valor de mercado negro de 3.200 millones de pesos.
El fiscal Ignazio Rivera, de la Fiscalía Regional de Valparaíso, fue directo en la audiencia de formalización: «Este caso no pudo haber sido realizado sin la participación del funcionario de Aduanas.» No lo dijo como acusación. Lo dijo como descripción técnica de los hechos.
IV. Un servicio superado por la mafia: análisis crítico del sistema
Cada vez que se detecta un caso de corrupción en Aduanas, la respuesta institucional sigue el mismo guión: comunicado de prensa lamentando los hechos, querella presentada con celeridad, declaraciones sobre la «probidad» como valor central del servicio. Es un guión correcto en sus formas y absolutamente insuficiente en su fondo. Porque la pregunta que nadie responde con honestidad es la siguiente: ¿por qué el sistema de control interno de Aduanas es sistemáticamente incapaz de detectar la corrupción antes de que lo haga la PDI después de tres años de investigación?
La respuesta no es cómoda para la institución. Y merece ser dicha con claridad.
El escáner de dos millones de dólares que no escanea nada
El camión escáner de Quillagua es un equipo de tecnología alemana, marca Rapiscan o equivalente, capaz de detectar en segundos materiales ocultos en el interior de un camión sin necesidad de abrirlo. Genera imágenes de alta resolución que permiten identificar anomalías en la carga declarada. Cuesta entre 2 y 3 millones de dólares. Es, en abstracto, el dispositivo antifraude más eficiente disponible en el mercado.
En el caso Quillagua, el escáner estaba encendido. Simplemente no fue utilizado. El funcionario J.S.V. tenía toda la autoridad institucional para activarlo o no activarlo. Y esa noche eligió no activarlo.
| EL PROBLEMA DE DISEÑO Ninguna tecnología de control es efectiva si su activación depende de la voluntad de la persona que se pretende controlar. En todas las avanzadas aduaneras del norte, la decisión de escanear o no escanear un camión recae exclusivamente en el fiscalizador de turno. No existe un protocolo de escaneo aleatorio obligatorio supervisado de forma remota. No existe un registro automatizado de los vehículos que pasan sin ser escaneados. No existe una alerta que se active cuando la tasa de escaneo de un funcionario cae por debajo de un umbral estadístico. El escáner de dos millones de dólares es, en el diseño actual, un instrumento decorativo cuya utilidad depende de la honestidad de quien lo opera. |
La solución no es tecnológica: es de arquitectura institucional. Las imágenes generadas por los escáneres de todas las avanzadas deberían ser transmitidas en tiempo real a un Centro de Monitoreo Remoto en Santiago, donde analistas independientes del proceso de fiscalización local pudieran revisarlas. En los puertos más avanzados del mundo —Rotterdam, Singapur, Hamburgo— este modelo ya es estándar. En Chile, en 2026, sigue siendo una propuesta sin implementar.
El problema de la radicación: funcionarios que llevan años en el desierto
Existe en Aduanas una práctica que, en cualquier análisis de prevención de corrupción, debería provocar alarma inmediata: funcionarios que permanecen asignados durante años —a veces más de una década— en el mismo puesto de fiscalización, en la misma avanzada, en la misma geografía.
La lógica interna tiene cierta racionalidad: la rotación tiene costos. Un fiscalizador que conoce el territorio, las rutas y los patrones de carga es, en principio, más eficiente. Pero esa misma familiaridad territorial es exactamente lo que las organizaciones criminales explotan. No se corrompe a un desconocido de paso. Se corrompe a alguien que lleva tres años en el mismo turno, que conoce de vista a los transportistas, que tiene rutinas predecibles, y que ha bajado la guardia porque la monotonía del desierto lo ha convencido de que nada importante pasa nunca por ahí.
En los organismos de inteligencia y policía de países con alta exposición a la corrupción —México, Colombia, incluso la DEA estadounidense en unidades sensibles— la rotación obligatoria en puestos de alto riesgo cada 18 a 24 meses es una norma no negociable. En las avanzadas aduaneras chilenas del norte, no existe tal política sistematizada. El resultado se ve en los expedientes judiciales.
| «No se corrompe a un desconocido de paso. Se corrompe a alguien que lleva tres años en el mismo turno, con rutinas predecibles, convencido de que nada importante ocurre nunca por ahí.» |
Asuntos Internos: reaccionando a lo que ya explotó
La pregunta más incómoda que puede hacerse sobre la Dirección de Auditoría Interna de Aduanas es simple: ¿cuántos de los casos procesados entre 2023 y 2025 fueron detectados por ella? La respuesta, según los antecedentes judiciales disponibles, es alarmante: prácticamente ninguno.
La Operación Columbia fue resultado de cuatro años de trabajo de la BRILAC. El caso Quillagua fue descubierto por otros funcionarios que notaron la anomalía. El caso El Loa nació de una investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso que rastreó el dinero hacia atrás desde las bodegas de Quillota. En todos los casos, la Dirección Nacional de Aduanas recibió la noticia de boca de terceros.
El problema de fondo es estructural: Aduanas no tiene un sistema de inteligencia financiera interna que monitoree de forma sistemática el patrimonio y el comportamiento de consumo de sus fiscalizadores en puestos críticos. No hay un algoritmo que compare el sueldo de un Grado 19 con su cuenta corriente, su declaración de bienes o sus patrones de gasto. La señal de alerta más común, según los propios expedientes, es la denuncia anónima o el error burdo del propio delincuente.
Un sistema serio de control interno no puede depender de que el corrupto se equivoque. Debe detectar la anomalía antes de que el daño se materialice.
El marco legal: penas que no disuaden
El cohecho en el ejercicio de funciones aduaneras —es decir, recibir una coima para facilitar contrabando— está tipificado en el Código Penal bajo las normas generales del soborno a funcionario público. Las penas máximas teóricas son considerables, pero la práctica judicial muestra un patrón diferente: la mayoría de los funcionarios primeramente imputados terminan beneficiándose de atenuantes que reducen drásticamente la condena efectiva.
Existe aquí una asimetría escandalosa: el funcionario que recibe 500.000 pesos por dejar pasar un camión con 3.200 millones de pesos en cigarrillos está habilitando una operación de crimen organizado transnacional de envergadura. El marco penal debería reflejar esa proporcionalidad. Actualmente, no lo hace.
| ■ PROPUESTAS DE REFORMA URGENTE |
| Las siguientes medidas no son radicales ni costosas. Son estándar en las aduanas más eficientes y menos corruptas del mundo: Centralización remota de imágenes de escáner: Toda imagen generada por un camión escáner debe transmitirse en tiempo real a un Centro de Monitoreo en la Dirección Nacional. Ningún funcionario local debe tener capacidad de decidir unilateralmente si el escaneo es válido.Protocolo de escaneo aleatorio obligatorio: Al menos el 30% de los camiones de alto tonelaje que ingresen por avanzadas de riesgo deben ser escaneados independientemente de la decisión del fiscalizador de turno, con registro automático de la tasa de escaneo.Rotación obligatoria cada 18–24 meses en puestos de alto riesgo: Quillagua, El Loa, Colchane y otros pasos fronterizos con alta presión criminal deben tener rotación sistemática, con compensación de zona por las molestias del traslado.Inteligencia financiera interna: La Dirección de Auditoría Interna debe implementar un sistema de monitoreo patrimonial para fiscalizadores en puestos críticos, con declaraciones de bienes anuales verificables y alertas automáticas por anomalías de consumo.Tests aleatorios de integridad: Pruebas de polígrafo y evaluación psicológica de integridad con carácter aleatorio para el universo de fiscalizadores en fronteras de alta exposición, siguiendo el modelo de la Policía de Investigaciones en sus versiones más modernas.Agravante especial para cohecho aduanero vinculado a crimen organizado transnacional: El Congreso debe legislar para establecer una pena mínima efectiva de cinco años para el cohecho que facilite operaciones de contrabando de redes criminales con actividad en más de dos países, sin posibilidad de penas sustitutivas en primera condena. |
V. El costo social de un servicio que necesita cirugía mayor
A las 3:17 de la madrugada en el desierto de Atacama, cuando J.S.V. hace la seña con la linterna y el Kenworth de 25 toneladas acelera hacia el sur, el daño no es solo fiscal. Es múltiple, sistémico y difícil de cuantificar en su totalidad.
Hay un daño tributario directo: los impuestos específicos al tabaco que el Fisco deja de percibir por cada cajetilla contrabandeada son dinero que no llega a hospitales, a escuelas, a pensiones. En los casos documentados en este informe, el monto acumulado de evasión supera los 6.000 millones de pesos. Eso es lo que se sabe. Lo que no se sabe —lo que nadie puede cuantificar con honestidad— es cuántos camiones pasaron por Quillagua o por El Loa en los meses y años anteriores sin que nadie lo detectara.
Hay un daño a la salud pública: el cigarrillo de contrabando llega al mercado sin los controles sanitarios que exige la legislación chilena sobre composición de los productos del tabaco. Se vende preferentemente en los sectores de menores ingresos, donde el precio de las marcas legales resulta prohibitivo. El Estado subsidia con su pasividad el consumo de tabaco sin regulación en los barrios más pobres del país.
Hay un daño institucional que excede lo penal: cada funcionario de Aduanas que es detenido en un operativo de la PDI es una herida a la credibilidad de los miles de funcionarios que hacen su trabajo con integridad en condiciones muchas veces adversas. El impacto en la moral institucional de quienes no se corrompieron —y que, en varios casos, fueron ellos mismos quienes alertaron sobre sus colegas— es real y profundo.
| «El daño no es solo fiscal. Hay daño a la salud pública, daño institucional, y daño a la credibilidad del Estado. Y mucho de ese daño es prevenible con reformas que ya existen en otros países.» |
Y hay, finalmente, el daño más difícil de medir, pero quizás el más grave: el mensaje que reciben las organizaciones criminales transnacionales cuando comprueban que una avanzada aduanera en el desierto chileno puede ser neutralizada con un sobre de billetes. El mensaje es que Chile es un país transitable. Un país donde el control del Estado puede comprarse.
La Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, tiene razón cuando señala que la mayoría de las detecciones nacen de denuncias internas de los propios funcionarios. Es un dato que habla bien del cuerpo de funcionarios en su conjunto. Pero no puede ser la estrategia. No puede ser que el principal mecanismo de control interno de un servicio del Estado sea esperar que sus propios empleados se delaten entre sí.
Lo que la evidencia de 2023 a 2025 demuestra, de forma reiterada y geográficamente distribuida, es que el Servicio Nacional de Aduanas tiene un problema de diseño institucional. No de manzanas podridas. De estructura. Y los problemas de estructura no se resuelven con comunicados de prensa ni con querellas bien redactadas. Se resuelven con reformas que cambien los incentivos, que eliminen los puntos de control unipersonal, que monitoreen el patrimonio de quienes tienen el poder de abrir o cerrar la frontera.
Mientras eso no ocurra, en alguna avanzada del desierto, a las tres de la madrugada, otro camión seguirá pasando.
Fuentes
Este reportaje se basa en antecedentes del Ministerio Público de Chile, la PDI-BRILAC, registros judiciales públicos de las Fiscalías de Pudahuel y Valparaíso, y cobertura periodística verificada de BioBioChile, T13, Cooperativa, La Nación y Meganoticias. Los nombres de funcionarios identificados solo con iniciales reflejan la etapa procesal al momento de cierre de este informe. Las estimaciones económicas son conservadoras y basadas en montos declarados en audiencias de formalización. Este medio no ha podido acceder a los expedientes completos de las causas, que se encuentran bajo secreto parcial de investigación.