El proyecto minero-portuario Dominga volvió a instalarse en el centro del debate judicial y ambiental luego de que Andes Iron, empresa titular de la iniciativa, presentara un recurso de reclamación ante la Justicia Ambiental para impugnar el reciente rechazo del Comité de Ministros. La compañía sostiene que la decisión vulnera lo ya resuelto por instancias técnicas y judiciales previas.
A través de un comunicado, la firma indicó que la acción judicial busca “restablecer la legalidad del procedimiento y asegurar el cumplimiento de lo ya resuelto por las instancias técnicas y judiciales competentes, cuyos fundamentos permanecen plenamente vigentes”.
Cuestionamientos Al Actuar Del Comité De Ministros
Desde la empresa argumentan que el Comité habría excedido sus atribuciones al revisar materias que, a su juicio, ya estaban zanjadas dentro del proceso de evaluación ambiental. En esa línea, señalaron que “El Comité de Ministros no tiene competencias para reabrir materias que ya han sido evaluadas durante el proceso de calificación ambiental ni incorporar fundamentos que no formaban parte de las reclamaciones originalmente presentadas. Reintroducir nuevas causales como si se tratara de antecedentes nuevos representa una clara vulneración a principios elementales del derecho administrativo, tales como la congruencia, la seguridad jurídica y la prohibición de desviación de poder”.
La compañía recordó además que “el fallo del Primer Tribunal Ambiental de diciembre de 2024 estableció parámetros claros respecto del alcance del nuevo pronunciamiento que debía emitir el Comité de Ministros. Dicho órgano no estaba habilitado para efectuar una nueva revisión integral del proyecto, sino para resolver dentro de los límites fijados por la sentencia”.
Argumentos Técnicos Y Nueva Acción Ante La Suprema
Andes Iron enfatizó que el proyecto “cuenta con un Informe Consolidado de Evaluación que concluyó su cumplimiento con la normativa ambiental vigente, y que las instancias técnicas especializadas validaron sus medidas de mitigación, compensación y seguimiento”. Por ello, sostienen que “la controversia actual no versa sobre la suficiencia de esos antecedentes, sino sobre la legalidad de un acto administrativo que pretende reconfigurar ex post el alcance del proceso de evaluación”.
El gerente general de la empresa, Pedro Ducci, afirmó que “la justicia ambiental ha determinado que el Comité de Ministros del actual gobierno ha emitido dos pronunciamientos abiertamente ilegales, por lo cual estamos confiados en que nuevamente las instancias técnicas respaldarán nuestro proyecto. Aquí no hay una nueva discusión técnica; lo que está en juego es algo más básico: que se respeten las reglas del juego”.
En paralelo, la compañía presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para revertir la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que anuló el procedimiento de cumplimiento incidental tramitado ante el Primer Tribunal Ambiental. Según la empresa, “dicha resolución impide ejecutar una sentencia firme y ejecutoriada vinculada al proyecto, afectando la certeza jurídica y la correcta aplicación del derecho. Dominga no solicita privilegios ni excepciones, sino que se respeten las decisiones adoptadas por las autoridades técnicas y confirmadas por los tribunales”.
Con estas nuevas acciones judiciales, el futuro del proyecto Dominga vuelve a quedar en manos de los tribunales, en un escenario que mantiene abiertas las tensiones entre desarrollo productivo, institucionalidad ambiental y certeza jurídica.