La Fiscalía Metropolitana Oriente y la PDI concretaron la detención de siete profesionales de la salud acusados de integrar una red dedicada a la venta de licencias médicas a funcionarios públicos que, estando con reposo, viajaron fuera del país o asistieron a casinos. El caso se inscribe en el denominado “Caso Licencias Médicas” y podría transformarse en uno de los fraudes más cuantiosos detectados en el sistema público de salud.
De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, entre 2021 y 2024 los detenidos emitieron 35.978 licencias médicas, de las cuales 26.559 fueron efectivamente pagadas, generando un perjuicio estimado para Fonasa que supera los $20.800 millones. Las personas aprehendidas fueron catalogadas como “grandes emisores” de licencias, debido al volumen de documentos extendidos en un periodo relativamente acotado.
En el grupo de detenidos hay seis médicos de nacionalidad extranjera (colombiana, cubana y venezolana) y el representante legal de un centro de salud, todos vinculados a la emisión de licencias a trabajadores del Estado que, pese a figurar en reposo, aprovecharon esos días para realizar viajes internacionales o visitar casas de juego.
La investigación tuvo su origen en los informes de la Contraloría General de la República, que cruzaron datos de licencias médicas con registros migratorios y antecedentes de ingresos a casinos, detectando un uso irregular del beneficio por parte de miles de funcionarios públicos. Esos reportes fueron remitidos a la Fiscalía Nacional, que encargó la causa a la Fiscalía Oriente por su experiencia en delitos complejos.
Con los médicos ya detenidos, el Ministerio Público informó que solicitará además audiencia para formalizar a 318 funcionarios públicos que habrían comprado licencias a parte de estos profesionales, abriendo una arista administrativa y penal que podría escalar en los próximos meses. Para todos ellos se investigan eventuales delitos asociados a fraude de subvenciones, uso malicioso de instrumento público y otros ilícitos vinculados al mal uso de licencias médicas.
La Brigada de Delitos Económicos de la PDI, encargada del operativo, continúa recopilando documentación clínica, registros de emisión y pago de licencias, así como posibles vínculos con otros centros médicos o intermediarios. En paralelo, el caso reaviva el debate sobre los controles del sistema de licencias médicas y los mecanismos de fiscalización interna en el Estado, en un contexto donde ya se han detectado decenas de miles de permisos irregulares entre trabajadores del sector público.