El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó al exdirector general de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Héctor Espinosa Valenzuela, a una pena total de 17 años de cárcel por una serie de delitos de corrupción cometidos mientras encabezaba la policía civil. La sentencia incluye condenas por malversación reiterada de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos, además de la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos u oficios públicos.
De acuerdo con el fallo, el tribunal dio por acreditado que Espinosa desvió al menos $146 millones provenientes de gastos reservados de la PDI entre 2015 y 2017, recursos que fueron extraídos en efectivo y luego depositados en 53 operaciones bancarias a cuentas personales suyas y de su esposa, montos que posteriormente se blanquearon mediante la adquisición de propiedades y otros movimientos financieros. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue la que, en 2020, detectó operaciones sospechosas y activó la investigación que derivó en esta condena.
La pena se desglosa en 12 años de presidio por malversación y falsificación, y 5 años y 1 día por lavado de activos, además de multas que superan las 200 UTM y la obligación de pagar más de $160 millones al Fisco, como restitución del perjuicio causado. En paralelo, la esposa de Espinosa, María Magdalena Neira, fue sentenciada a 541 días de reclusión —pena sustituible— por el delito de lavado culposo, al beneficiarse de los fondos ingresados a sus cuentas sin justificar su origen lícito.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó la resolución como una señal “clara y proporcional” contra la corrupción en las instituciones del Estado, subrayando que el caso involucra a quien fuera la máxima autoridad de la policía civil y que la pena debe leerse como un mensaje sobre la responsabilidad reforzada de los altos mandos en el uso de recursos públicos. Para el Ministerio Público, en tanto, la sentencia confirma íntegramente la teoría de la Fiscalía de Alta Complejidad, que había acusado a Espinosa de usar el mecanismo de gastos reservados para montar un esquema de enriquecimiento personal encubierto bajo la fachada de funciones de inteligencia.
Con este fallo, Espinosa —quien dirigió la PDI entre 2015 y 2021— se convierte en una de las figuras policiales de más alto rango condenadas por corrupción en la historia reciente de Chile. La resolución ha reactivado el debate sobre los controles a los gastos reservados, la transparencia en las policías y la necesidad de reforzar los sistemas de trazabilidad y rendición de cuentas de recursos sensibles, especialmente en instituciones que tienen a su cargo la investigación criminal y la persecución de delitos económicos y de corrupción.