El ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó su preocupación respecto al proyecto de ley que busca suprimir el límite de 11 años para el cálculo de indemnización por años de servicio, actualmente en debate en la Cámara de Diputadas y Diputados. La propuesta, impulsada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, bajo el lema “año trabajado, año pagado”, fue aprobada en general esta semana por la Comisión de Trabajo.
Desde el Gobierno, el titular de Hacienda enfatizó la necesidad de considerar cuidadosamente las consecuencias de esta modificación en la legislación laboral. “Como en toda política pública, uno tiene que evaluar las consecuencias que esta tiene”, advirtió, apuntando que se trata de un aspecto “bastante importante en las relaciones laborales”.
Marcel planteó que la eventual eliminación del tope indemnizatorio podría alterar significativamente las dinámicas del mercado laboral. “Va a tener eventualmente consecuencias sobre cómo se estructuran los contratos, cuánto duran, a cuánta gente se contrata, las causales de los despidos, etc. Uno no puede suponer que todo va a permanecer exactamente igual”, señaló.
En esta línea, explicó que el proyecto podría generar impactos contrapuestos: mientras algunas personas podrían recibir mayores compensaciones al ser despedidas justificadamente, también podrían proliferar prácticas empresariales para evitar la acumulación de años indemnizables. “Lo que vamos a tener es, en realidad, más contratos a plazo fijo, más rotación, más despidos seguidos para evitar acumular estos pagos por indemnizaciones”, advirtió.
El ministro también recordó que el mercado del trabajo opera con múltiples actores y factores. “Estamos hablando de un mercado de trabajo donde hay empleadores, trabajadores, y donde el Gobierno ni el Parlamento puede digitar exactamente cómo se hace cada contratación”, subrayó.
La discusión sobre este proyecto se da en un contexto de reformas laborales impulsadas por diversos sectores políticos, en busca de mejorar las condiciones contractuales de los trabajadores. Sin embargo, desde el Ejecutivo llaman a una evaluación más profunda que considere los efectos reales y no solo los objetivos deseados.