Un informe de la Contraloría General de la República confirmó la intervención de un alto asesor ministerial en gestiones previas a la atención médica de la madre de la exministra Ximena Aguilera en el Hospital del Salvador, situación que derivó en la apertura de un sumario administrativo.
De acuerdo con los antecedentes, el entonces jefe de asesores del Ministerio de Salud, Manuel Nájera De Ferrari, estableció contacto con directivos del recinto asistencial antes del ingreso de la paciente, informando sobre su llegada y facilitando datos relacionados con su atención. Estas comunicaciones generaron coordinaciones internas entre distintos equipos del hospital.
El organismo fiscalizador advirtió que este tipo de acciones podría contravenir normas que regulan la probidad en la función pública, particularmente aquellas que prohíben el uso del cargo para favorecer a terceros. En esa línea, el informe sostiene que “No se advierten motivos que justifiquen la atención preferente de la paciente, por lo que la situación descrita no se condice con el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República”.
Uno de los puntos más sensibles del reporte tiene relación con los tiempos de atención. Mientras la paciente fue evaluada en un lapso considerablemente menor, otros usuarios con condiciones similares enfrentaban esperas prolongadas que, en algunos casos, superaban las 40 horas e incluso los cinco días para acceder a una cama.
A esto se suman otras observaciones relevantes. La auditoría detectó modificaciones en la ficha clínica realizadas en circunstancias irregulares, utilizando credenciales de una funcionaria que no se encontraba presente en el recinto al momento del registro. Asimismo, se constató que la intervención quirúrgica de la paciente se efectuó fuera de la programación habitual, lo que implicó reordenamientos en la agenda médica, incluyendo la postergación y suspensión de otras cirugías.
Desde el hospital reconocieron la existencia de contactos previos, aunque descartaron que estos hayan derivado en un trato preferente. En ese sentido, señalaron: “No se logra advertir que las comunicaciones descritas hayan justificado o provocado una atención preferente, toda vez que no existió instrucción alguna en tal sentido y, más relevante aún, porque la paciente no recibió una atención distinta o prioritaria respecto del resto de los usuarios”.
Por su parte, la exministra Aguilera también rechazó cualquier irregularidad, afirmando: “Quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre”.
Pese a estas declaraciones, la Contraloría instruyó un proceso administrativo para esclarecer eventuales responsabilidades y determinar si existieron vulneraciones a los principios de igualdad y probidad en el sistema público de salud.