La Contraloría tomó razón del decreto promulgatorio de la Ley N°21.792, que modifica el Código Aeronáutico y establece nuevas exigencias para las aerolíneas en Chile. La norma apunta a reforzar la prevención del delito y la persecución penal, mediante el acceso anticipado a información de viajeros.
Con este visto bueno, las compañías deberán remitir información a la PDI, Carabineros y el Ministerio Público una vez finalizado el embarque, incorporando antecedentes como la información anticipada de pasajeros (API), el registro de nombres de pasajeros (PNR) y otros datos asociados a quienes transportan, transportarán o hayan transportado. Además, cuando la autoridad lo requiera, deberán informar identificación, lugar de embarque y destino de los pasajeros.
El objetivo declarado es fortalecer la capacidad del Estado para detectar personas consideradas peligrosas, evitar la evasión de la justicia y mejorar la cooperación internacional en seguridad. Desde el Gobierno se ha señalado que esta obligación viene a reforzar deberes que ya existían para el transporte aéreo, como el reporte de listados de quienes ingresan o salen del país y la revisión de documentación al momento del embarque.
El endurecimiento de las exigencias se enmarca en un escenario donde ya se han aplicado sanciones por incumplimientos. Un caso citado es la multa del Servicio Nacional de Migraciones a JetSmart, luego de constatar que no se remitieron oportunamente los datos requeridos en varios vuelos; en esa ocasión, la aerolínea afirmó que “no resulta procedente”.