El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones declaró desierta la licitación para implementar el registro electrónico central de la Ley de Aplicaciones de Transporte, conocido como “Ley Uber”. Al no existir un proveedor para desarrollar el sistema, el escenario deja en suspenso un componente técnico imprescindible para que la norma pueda operar.
El proceso buscaba contratar el “Servicio de Desarrollo de Software e Infraestructura como Servicio” mediante Mercado Público, pero no se recibieron ofertas válidas. La única propuesta ingresada fue declarada inadmisible, por lo que todo el procedimiento quedó sin adjudicatario.
Según el detalle del expediente, la empresa oferente fue TIVIT Chile Tercerización de Procesos, Servicios y Tecnología SpA, y el rechazo se basó en incumplimientos técnicos mínimos. La comisión evaluadora observó que no se acreditó la experiencia exigida —incluyendo proyectos ejecutados por filiales en el extranjero u otra razón social— y que tampoco se demostró el cumplimiento de la arquitectura solicitada ni la implementación de soluciones sobre servicios en la nube de Amazon.
En la revisión de perfiles profesionales, también se consignaron falencias documentales: para el cargo de arquitecto experto en AWS no se acreditó la certificación “AWS Certified Developer – Associate”, y en el perfil DevOps no se adjuntó el título profesional requerido por las bases.
Con el registro aún pendiente, queda frenada la exigencia central de la normativa: que las Empresas de Aplicación de Transporte (EAT) se inscriban en esa plataforma para poder operar bajo el marco regulatorio. En este contexto, la Subsecretaría de Transportes deberá definir cómo reimpulsa el proceso de compra para destrabar la implementación.