El proyecto de reajuste para trabajadores del sector público avanzó en el Congreso y abrió una etapa clave para ingresar indicaciones antes de su votación final. En ese contexto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sostuvo que el impacto fiscal del texto es más acotado que el de ejercicios anteriores y que se mantiene la responsabilidad fiscal.
El debate tomó fuerza tras la aprobación en general en la Comisión de Hacienda de la Cámara, con una votación de 8 a favor y 5 en contra, dejando una ventana para ajustes al articulado.
Desde el Ejecutivo, Grau defendió el diseño del gasto y comparó su magnitud con los reajustes de años anteriores, afirmando: “El total de gasto involucrado en el informe financiero para el reajuste es un gasto menor que el que teníamos en los últimos años, y uno de los menores en la última década”.
Según el informe financiero citado en la discusión, el costo total del proyecto para 2026 se estima en torno a $1,6 billones, descrito como el menor costo fiscal desde 2019 y por debajo del promedio de la última década. Dentro de ese total, más de $830 mil millones se asocian directamente al componente de reajuste de remuneraciones.
En lo central, la propuesta considera un incremento escalonado que llega a 3,4%: primero se aplica un alza de 2,0% sobre remuneraciones de diciembre de 2025 y luego un 1,4% adicional en junio de 2026.
Junto al reajuste, el texto incorpora medidas paralelas que fueron parte de la negociación, como la postergación de reavalúos de bienes raíces no agrícolas, la rebaja de contribuciones en casos vinculados a usurpación y la exención de IVA para tiendas solidarias. También incluye la disposición cuestionada por la oposición como “norma de amarre”, referida a despidos que deberán ser fundamentados y que podrían ser reclamados ante Contraloría, mientras que los cargos de exclusiva confianza deben dejar sus funciones al término del mandato.