Una ofensiva militar atribuida a Estados Unidos en Venezuela terminó con el anuncio de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, y con su traslado para enfrentar cargos en tribunales estadounidenses. Mientras Washington habla de administrar una transición, en Caracas el oficialismo denuncia una agresión y la oposición asegura estar lista para asumir el poder.
Según los reportes, el operativo incluyó ataques en Caracas y el aseguramiento de Maduro y Cilia Flores, seguido por un traslado fuera del país hacia Nueva York, donde se anticipa su primera comparecencia judicial. En paralelo, desde la Casa Blanca se difundió el mensaje «Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro», junto con la afirmación «Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa».
En paralelo, Donald Trump afirmó que Washington administrará el país de forma transitoria y que impulsará un giro en la industria petrolera, mientras la ONU y varios gobiernos reaccionaron con preocupación por el precedente y la legalidad internacional.
En el plano internacional, la Secretaría General de Naciones Unidas advirtió que lo ocurrido sienta un «Precedente peligroso» y se programó una sesión del Consejo de Seguridad para abordar la crisis. Gobiernos europeos llamaron a evitar una escalada y a encauzar una salida política, mientras varias capitales latinoamericanas condenaron el uso de la fuerza y un grupo menor de líderes celebró la caída del chavismo.
Desde el entorno chavista, la reacción pública se concentró en exigir certezas sobre el paradero del mandatario y denunciar la operación como una agresión externa. La vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvo «Desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro» y añadió «Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata». Por su parte, Diosdado Cabello llamó a evitar un desborde interno: «mucha calma y que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, terrorista que nos atacó cobardemente».
La oposición, en cambio, presentó el momento como una oportunidad de cambio político inmediato. María Corina Machado afirmó «Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder» y prometió «Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa». En la misma línea, Edmundo González Urrutia aseguró «Estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación».
En el plano institucional venezolano, los reportes señalan movimientos para definir una conducción transitoria, mientras el gobierno denuncia que «El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un ‘cambio de régimen’, en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores». A nivel regional, la respuesta ha sido dispar: hubo condenas y apoyos, y se reportó presión diplomática en foros internacionales ante el riesgo de escalada.
Fuera de Venezuela, la noticia gatilló celebraciones y manifestaciones de la diáspora en ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa, mezclando alivio con incertidumbre sobre lo que viene después. Diversos testimonios reflejan expectativas de retorno y reconstrucción, pero también dudas sobre quién ejercerá el mando efectivo y bajo qué condiciones se realizará una transición.
En lo judicial, lo inmediato es la formalización del proceso en Estados Unidos (audiencia inicial, medidas cautelares y calendarización), tras lo cual vendrán etapas de preparación del caso antes de un eventual juicio. El desenlace político, en tanto, dependerá de factores que aún están abiertos: cohesión de mandos internos, capacidad de la oposición para articular gobernabilidad, reacción internacional y el curso del conflicto tras la salida de Maduro del territorio venezolano.
