El proyecto de ley que busca regular la eutanasia en Chile volvió a quedar en punto muerto luego de que su votación en el Senado fuera postergada para enero, pese a que estaba en tabla para ser discutido en la última sesión de la sala. La nueva demora encendió alarmas en el oficialismo, que advierte que el estrecho calendario legislativo y el cambio de gobierno en marzo podrían poner en serio riesgo la aprobación de una de las iniciativas que La Moneda ha intentado instalar como parte de su legado en materia de salud y derechos.
La normativa —impulsada originalmente en 2014 por el entonces diputado Vlado Mirosevic— ya tuvo un trámite extenso en la Cámara de Diputadas y Diputados y se encuentra en segundo trámite en el Senado, con urgencia legislativa del Ejecutivo. El texto consagra el derecho de personas mayores de 18 años, chilenas o residentes legales por más de 12 meses, a solicitar asistencia médica para morir en caso de enfermedad grave e incurable o estado terminal que les provoque sufrimiento persistente, intolerable y sin posibilidad razonable de alivio.
Desde el oficialismo acusan que sectores de la oposición estarían dilatando deliberadamente la tramitación, al no priorizar el debate en la tabla del Senado pese a la urgencia puesta por el Ejecutivo. En contraste, voces de la derecha argumentan que la postergación responde a la alta carga legislativa en materias de salud y a la necesidad de discutir con mayor profundidad los alcances éticos, médicos y jurídicos de la eutanasia, negando un bloqueo intencional.
El escenario se complejiza además por el contexto regional: Uruguay acaba de aprobar su propia Ley de Muerte Digna, sumándose al reducido grupo de países que han legalizado la eutanasia o el suicidio asistido, mientras en Chile las encuestas muestran un apoyo ciudadano mayoritario a la idea de permitir que enfermos terminales puedan acceder a una muerte médicamente asistida bajo estrictas condiciones. Pese a ello, el debate parlamentario se ha caracterizado por avances intermitentes y decisiones postergadas.
Si la discusión no se retoma y despacha en los primeros meses del próximo año, el proyecto podría quedar entrampado o incluso archivado, obligando a reiniciar parte de su tramitación en un nuevo contexto político. Con ese riesgo sobre la mesa, organizaciones de pacientes, especialistas en bioética y académicos han insistido en que el Congreso debe definir si Chile se suma o no al grupo de países que cuentan con una regulación clara sobre eutanasia, en lugar de seguir prolongando un debate que ya se arrastra por más de una década.