El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, advirtió que los avances tecnológicos desplegados en las cárceles del país para combatir el crimen organizado pueden resultar inútiles si no se enfrenta con firmeza la corrupción al interior de Gendarmería. Sus declaraciones se enmarcan en la denominada “Operación Apocalipsis”, investigación que permitió la detención de 70 imputados, entre ellos 43 funcionarios de Gendarmería, vinculados a redes delictuales que operaban desde distintos recintos penitenciarios.
La indagatoria reveló que parte de estos funcionarios facilitaba el uso de teléfonos celulares y otros elementos prohibidos a internos de alta peligrosidad. Según detalló el ministro, las pesquisas permitieron establecer que, tras los allanamientos en las celdas, “se le quitaban los teléfonos celulares a los internos, y los funcionarios los volvían a entregar, los volvían a vender”. Incluso, pese a la instalación de un moderno escáner corporal en la cárcel de Santiago 1, se detectó que algunos gendarmes simplemente lo eludían, dejando pasar objetos ilícitos.
Frente a este escenario, Gajardo remarcó que “el sistema de inhibición, o todos los avances tecnológicos que hemos podido realizar: más escáneres corporales, más máquinas de rayos X, sistema de inhibición y limpieza del perímetro, todo eso puede no tener resultados si es que los funcionarios forman parte de redes de corrupción”. La llamada “Operación Apocalipsis” se suma a otros casos recientes que han expuesto la penetración del crimen organizado en recintos penales y el rol clave que puede jugar la corrupción interna para mantener activas estas estructuras.
El ministro explicó que, como respuesta, el Gobierno puso en marcha una estrategia integral contra la corrupción penitenciaria, basada en focos investigativos conjuntos entre el Ministerio Público, Gendarmería, la PDI y Carabineros a lo largo de todo el país. El objetivo es perseguir penalmente a los funcionarios involucrados, expulsarlos de la institución y desarticular las organizaciones criminales que operan desde las cárceles. “Todos aquellos que están cometiendo estos hechos delictivos no pueden ser gendarmes, tienen que estar presos. Son delincuentes, lamentablemente, y eso es lo que se está haciendo de forma sistemática desde el año 2023”, enfatizó.
Gajardo también destacó el avance en la inhibición de señal telefónica al interior de los recintos. Recordó que, al inicio de la actual administración, no existían sistemas de este tipo en funcionamiento y que hoy se cuenta con inhibidores activos en tres complejos penitenciarios que concentran alrededor del 20% de la población privada de libertad. Además, está en marcha una licitación para incorporar nueve establecimientos adicionales, con lo que se llegaría a cubrir cerca del 50% de las personas privadas de libertad del país.
Con este despliegue tecnológico y la persecución penal de las redes internas de corrupción, el Gobierno busca golpear la capacidad de coordinación del crimen organizado desde las cárceles. Sin embargo, el propio ministro advirtió que los esfuerzos pueden diluirse si no se mantiene una política sostenida de control, fiscalización y sanción ejemplar a los funcionarios que traicionan su rol, recordando que la integridad institucional es clave para que operativos como la “Operación Apocalipsis” tengan efectos reales y duraderos en la seguridad pública.