El Gobierno valoró la decisión de la Contraloría General de la República (CGR) de tomar razón de la modificación de los contratos entre Corfo y SQM Salar, así como del acuerdo alcanzado entre Codelco —a través de su filial Minera Tarar— y la minera privada, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. Con este paso administrativo se despeja el camino para constituir una sociedad conjunta que operará en el Salar de Atacama hasta 2060, con participación mayoritaria del Estado.
Desde La Moneda y los ministerios sectoriales se subrayó que la resolución de Contraloría otorga certeza jurídica al pacto y permite avanzar en la implementación del modelo de alianzas público–privadas definido por el Ejecutivo para el litio. El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, destacó el alcance de este hito al afirmar que “valoramos profundamente la toma de razón realizada por la Contraloría (…) esta empresa conjunta no solo garantiza continuidad operacional en el Salar de Atacama, sino que proyecta un futuro de innovación, sostenibilidad y generación de valor para el país, en un contexto global de creciente demanda por litio”.
El acuerdo establece que Codelco mantendrá más del 50% de la propiedad de la nueva sociedad, asegurando el control estatal sobre uno de los yacimientos de litio más relevantes del mundo. A la vez, fija parámetros de producción para el periodo 2025–2030 y para las décadas posteriores hasta 2060, con compromisos de no aumentar la extracción de salmuera ni el uso de agua continental respecto de los niveles autorizados, en línea con las exigencias ambientales asociadas al salar.
La toma de razón se produce en paralelo a la decisión de la propia CGR de iniciar una auditoría especial sobre las operaciones vinculadas al contrato, a raíz de denuncias de parlamentarios que cuestionaron la ausencia de licitación y las condiciones del acuerdo. El organismo fiscalizador ya aclaró que esa revisión tiene por objetivo verificar la regularidad de los actos administrativos relacionados, pero que no cuenta con atribuciones para anular el contrato por iniciativa propia.
En este escenario, el Ejecutivo defendió que la alianza Codelco–SQM es coherente con la Estrategia Nacional del Litio y que permitirá al Estado capturar una mayor proporción de la renta económica asociada al mineral, reforzando el liderazgo de Chile en la producción mundial de litio y abriendo espacio a proyectos de innovación, encadenamientos productivos y mayor valor agregado en el largo plazo.