El presidente argentino Javier Milei firmó y envió al Congreso un proyecto de reforma laboral que reescribe puntos sensibles de la legislación del trabajo en ese país. La iniciativa, que será discutida en sesiones extraordinarias, apunta a flexibilizar jornadas, abaratar costos para las empresas y modificar el régimen de despidos, lo que ya generó fuertes cuestionamientos de sindicatos y sectores opositores.
Uno de los ejes más controvertidos es la creación del “banco de horas”. Este mecanismo permitiría pactar, por convenio colectivo, jornadas que se extiendan hasta 12 horas diarias, compensando luego con menos horas en otros días, en lugar de pagar horas extras. En la práctica, las empresas podrían reorganizar la carga semanal de trabajo sin incurrir en recargos por horas extraordinarias, siempre que se respete el tope de horas pactado en el período de compensación.
El proyecto también redefine el pago de salarios y beneficios, abriendo la puerta a una mayor presencia de pagos “en especie”, es decir, a través de bienes o servicios acordados entre empleador y trabajador, y habilitando que parte de las remuneraciones pueda realizarse en moneda extranjera cuando exista acuerdo expreso entre las partes. Críticos de la reforma advierten que esta modalidad podría precarizar el ingreso real de los trabajadores e incrementar la discrecionalidad en la forma de pago.
En materia de despidos e indemnizaciones, la propuesta plantea un cambio profundo: crea un fondo de cese laboral como alternativa al esquema de indemnización tradicional. La empresa aportaría mensualmente un porcentaje del salario del trabajador a este fondo, que luego se usaría para cubrir la compensación al finalizar la relación laboral. Para el Gobierno, este modelo reduce la litigiosidad y entrega certezas de costos a las firmas; para los sindicatos, en cambio, significa abaratar y facilitar el despido.
El texto incluye además modificaciones en vacaciones, períodos de prueba, licencias y juicios laborales. Se facilita el fraccionamiento de las vacaciones en tramos más cortos, se amplía la duración del período de prueba y se introducen límites y nuevos criterios para las demandas por despido injustificado, con el argumento de reducir la llamada “industria del juicio laboral”.
En el plano político y social, la reforma ya desató anuncios de movilizaciones y acciones legales por parte de las principales centrales sindicales argentinas, que acusan un intento de “regresión de derechos” y de favorecer unilateralmente a los empleadores. El Gobierno, por su parte, defiende el proyecto como una pieza clave de su agenda de desregulación económica y generación de empleo formal, en línea con los cambios laborales impulsados desde el inicio de la administración de Milei.