La aplicación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, conocida como Ley Papito Corazón, ya está dejando huellas concretas en Arica y Parinacota. En la región, los tribunales han ordenado el pago de más de $21.831 millones en deudas de pensión de alimentos, aliviando la carga de miles de familias que por años sostuvieron solas la crianza de sus hijos e hijas. Detrás de esas cifras, historias como la de Dinna muestran el impacto real de la normativa en la vida cotidiana.
Dinna, madre y jefa de hogar de 47 años, ha criado sola a sus seis hijos, combinando distintos trabajos para garantizar techo, alimentación, salud y educación. Su camino se volvió aún más complejo cuando el menor, Felipe, fue diagnosticado con Asperger, lo que implicó elevados gastos médicos que debió asumir sin apoyo económico del progenitor. El punto de quiebre llegó cuando una asistente social la instó a iniciar una demanda de pensión de alimentos. Ella recuerda ese momento con una frase que la marcó: «La asistente social viene y me dice: ‘tú te has preocupado todo el tiempo de que tu hijo tenga comida, techo, ropa, salud y educación’, y cuando empecé a indagar en esta ley, más lo que me decía, me di cuenta de que esto es un derecho que mi hijo tiene”.
A fines de 2024 decidió activar el mecanismo que ofrece la Ley 21.484. Desde entonces, explica, el proceso se desarrolló con rapidez y con acompañamiento institucional, sin necesidad de enfrentarse al deudor en persona. En sus palabras, “Me sorprendió lo rápido que fue todo. Ahora es online, te van guiando y no tienes que enfrentarte al progenitor. Yo estoy usando el retiro de los fondos y ya vamos para el segundo retiro sin tener que enfrentarme ni pasar un mal rato”, relata, destacando que en mayo de este año ya tenía el depósito en su cuenta.
La normativa, vigente desde 2023, faculta al Estado para indagar en las cuentas bancarias y otros activos de los deudores, de manera de asegurar el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir su pensión de alimentos. Solo en Arica y Parinacota existen más de 4.200 personas inscritas como deudoras, en su mayoría hombres, que pueden ser obligadas a pagar mediante el uso de estos nuevos mecanismos de cobro efectivo.
Para Dinna, el cambio no se resume solo a montos recuperados: también se traduce en reconocimiento y dignidad. Por eso afirma con convicción que “Las mujeres ahora tenemos más herramientas para acudir y reclamar este derecho, que es un derecho para nuestros hijos”.
Su experiencia la lleva a una reflexión más profunda sobre el rol que han debido asumir tantas madres a lo largo del país: “Una siempre hace todo por sus hijos, pero saber que ahora hay una ley que te respalda te da tranquilidad. No se trata solo de la plata, sino de que por fin se reconoce que no tenemos por qué llevar esta carga solas”.
El testimonio de Dinna sintetiza la realidad de miles de mujeres en Arica y Parinacota que, gracias a la Ley Papito Corazón, encuentran por primera vez una vía real para asegurar el sustento de sus hijos e hijas. Los más de $21 mil millones ordenados pagar en la región dan cuenta de una herramienta que, además de mover cifras, está cambiando historias de vida y reforzando el mensaje de que la crianza y la responsabilidad parental ya no pueden seguir siendo una carga unilateral.