Una nueva sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados debió ser suspendida por falta de quórum, luego de que menos de un tercio de los parlamentarios llegara a la Sala al inicio de la jornada. La cita contemplaba la revisión de proyectos relevantes, entre ellos la ley de seguridad municipal y la exención del pago de contribuciones para adultos mayores en su primera vivienda, pero el trabajo legislativo no alcanzó siquiera a comenzar.
La sesión estaba fijada para las 10:00 horas y requería la presencia mínima de 52 diputadas y diputados para poder abrirse formalmente. Sin embargo, solo 48 legisladores se encontraban en sus escaños cuando se hizo el primer llamado, lo que obligó a suspender la instancia, tal como ya había ocurrido en octubre con una situación similar.
Fue el propio presidente de la Corporación, José Miguel Castro (RN), quien informó en Sala que no se alcanzaba el quórum requerido para sesionar. Visiblemente molesto, advirtió a los presentes que «No vamos a poder abrir sesión de sala. No es ninguna gracia esto (…) La sesión fracasó y en la tarde las comisiones siguen exactamente igual», dejando constancia de la suspensión y citando para una nueva sesión especial durante la tarde con el fin de abordar la ley de seguridad municipal, que cuenta con suma urgencia.
El reglamento interno de la Cámara exige que, para una sesión ordinaria, esté presente al menos un tercio de sus miembros en ejercicio. Si pasados algunos minutos del horario fijado no se logra esa cifra, se realizan nuevos llamados y, de persistir la ausencia, la presidencia se ve obligada a declarar que la sesión no se celebra, quedando solo el registro del fracaso y la lista de quienes sí asistieron.
En esta oportunidad, se detalló una nómina de 48 diputadas y diputados que efectivamente concurrieron al hemiciclo, mientras que quienes no llegaron deberán presentar sus excusas formales para evitar las multas asociadas a la inasistencia injustificada, cercanas a los 160 mil pesos. El nuevo traspié reabrió el debate público sobre el compromiso de los parlamentarios con su labor legislativa, especialmente cuando en tabla hay proyectos que afectan directamente a adultos mayores y a la seguridad en los territorios.