Tras décadas de denuncia y organización vecinal, Arica cuenta por fin con un Centro de Salud Ambiental (CSA) diseñado exclusivamente para la población afectada por la contaminación por polimetales en el sector norte de la ciudad. El nuevo recinto, financiado por el Gobierno Regional, busca saldar una deuda histórica con miles de familias que estuvieron expuestas a las más de 20 mil toneladas de residuos tóxicos internados en los años 80 por la empresa Promel, provenientes de la compañía sueca Boliden.
Para los consejeros regionales que participaron en la inauguración, la apertura de este centro representa un acto de justicia largamente esperado. El consejero Daniel Linares destacó el rol de las organizaciones sociales en este proceso, señalando: “Estamos cumpliendo con una injusticia tremenda que afectó a una gran población, por lo que valoro lo que ha hecho la propia comunidad organizada, que por años lucharon para que se visibilizara el efecto de estar expuestos a los polimetales, y, no dejo de destacar a las autoridades y colegas anteriores que ayudaron a posibilitar este centro”.
Su par, el consejero Oscar Pantoja, subrayó la extensión de esta lucha y la persistencia de las y los dirigentes que levantaron la voz cuando el daño todavía era invisible para gran parte del país. “Más de 20 años de lucha, por lo que me corresponde destacar a los dirigentes de Los Industriales, las Mamitas del Plomo, a aquellos dirigentes que lucharon, que dieron todo de sí. Y hoy se está saldando una deuda histórica”, manifestó.
El consejero Cristian Villanueva agregó que la puesta en marcha del CSA marca un antes y un después para los vecinos expuestos a los desechos tóxicos: “Es un hito, tras largos años de espera de un sector que vieron perjudicada su salud, pero que les posibilitará contar con especialistas y un espacio adecuado”. A su juicio, el nuevo recinto dignifica la atención de salud para una población que por años debió desplazarse o enfrentar servicios insuficientes frente a un daño ambiental severo.
El Centro de Salud Ambiental, ubicado en calle Domeiko 1587, fue concebido como una infraestructura única en Chile, orientada específicamente a la población adscrita al Programa de Polimetales. Atiende a una base de 13.325 usuarios debidamente identificados, aunque se estima que el universo de afectados alcanza las 20 mil personas. El proyecto, de alrededor de 1.300 m², fue financiado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, con una inversión cercana a los 3.980 millones de pesos y se emplaza en un terreno entregado en comodato por el Ministerio de Bienes Nacionales.
Según explicó Enrique Roncone, coordinador del CSA, el establecimiento se levantó en el marco de la Ley de Polimetales (Ley N.º 20.590), que define un programa especial de intervención en zonas con presencia de estos contaminantes en Arica. El edificio dispone de box médicos, servicios generales renovados, sala de kinesiología, pabellón de cirugía menor, dos salas de odontología completamente equipadas y una farmacia de alto impacto, lo que evita que los pacientes deban acudir al hospital para obtener sus medicamentos. Además, incorpora espacios más cómodos tanto para funcionarios como para usuarios, respondiendo a estándares de atención primaria y secundaria en un mismo recinto.
El lugar fue proyectado justamente donde se concentran muchas de las poblaciones más golpeadas por la contaminación: Sica-Sica, Villa Araucanía, Fénix, Los Industriales y otros barrios del polígono definido por la normativa. La obra comenzó a gestarse en 2015 y se articula con la red de salud pública para asegurar prestaciones continuas y especializadas a las personas reconocidas como beneficiarias de la Ley 20.590, que fijó un plazo de inscripción hasta 2012 y permitió consolidar un catastro demográfico completo de la población expuesta.
En cuanto al modelo de atención, el CSA combina prestaciones de nivel primario y secundario: medicina general, odontología, kinesiología, enfermería, nutrición, trabajo social, matronería y otros profesionales, con el foco puesto en el seguimiento clínico de los efectos de la exposición crónica a metales pesados. Tal como explica el equipo del programa, este centro no otorga “altas” en el sentido clásico, sino que realiza un acompañamiento de por vida, con controles anuales para todos los usuarios, los que además continúan vinculados a sus respectivos Cesfam y al hospital local. El CSA, en ese sentido, se integra como un complemento especializado de la red.
Para las voceras y dirigentes del polígono de polimetales, la inauguración del centro es tanto reparación simbólica como mejora concreta en la calidad de vida. La segunda vocera del Polígono de Polimetales, Esperanza Zarate, expresó: “Es importante haber concluido un sueño de largo tiempo, años de espera y verlo ahora es emocionante. Presiento que con este centro seremos bien atendidos, con un lugar digno para todos los afectados, y, la mejor prueba, es que no tendremos que ir al hospital por medicamentos, seremos tratados por kinesiólogos, en fin, solo agradecer”.
En la misma línea, Verónica Lizama, vocera del Polígono de Polimetales, señaló: “Contenta con este paso que se da, pero esperamos seguir trabajando por los temas pendientes y cambios para tener una salud digna “, recordando que, pese a los avances, todavía subsisten demandas y brechas asociadas al daño ambiental y sanitario en el sector.
Isidora Sánchez, secretaria de la Junta de Vecinos Santiago Arata, puso el énfasis en las futuras generaciones y en las familias que aún no logran acreditarse como beneficiarias: “Es un sueño esperado, no lo digo como dirigente, sino por la comunidad, por los niños que vienen detrás, en especial por los grupos familiares que aún no están acreditadas, por lo que esta atención que vamos a tener es un logro “. Marisol Pinto, presidenta de la Junta de Vecinos Los Artesanos, complementó: “Es un gran logro de tener un espacio digno y cómodo para atender a todas las personas que han sido afectadas por la contaminación”.
Con la apertura del Centro de Salud Ambiental, Arica consolida un dispositivo sanitario único en el país, que combina infraestructura especializada, un marco legal específico y la experiencia acumulada de décadas de organización comunitaria frente a uno de los conflictos socioambientales más graves de la historia reciente de Chile.