Trabajadoras y trabajadores del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en Arica alzaron la voz contra un reciente dictamen de la Contraloría que modifica la forma en que se remuneran los turnos 24/7 en residencias y programas de cuidado. La medida, que ya se está aplicando a nivel nacional, es calificada como un “grave retroceso” por los equipos que trabajan en la región, quienes advierten un impacto directo en sus sueldos y en la continuidad de la atención a niños, niñas y adolescentes bajo protección estatal.
Según explican funcionarios y dirigentes, el dictamen instruye que cuando trabajadores sujetos a sistema de turno utilizan feriado legal, licencias médicas o permisos con goce de sueldo, se rebaje el pago asociado a esas jornadas, dejando sin efecto el esquema con el que se habían organizado los equipos 24/7 en residencias y dispositivos críticos. En la práctica, esto se traduce en descuentos importantes en las liquidaciones y en la sensación de que se castiga el uso de derechos laborales básicos, como la salud o el descanso, en un servicio que ya opera con alta sobrecarga y rotación.
Desde la dirigencia nacional del sector han recalcado que su relación contractual siempre ha sido por sistema de turno, no a partir de horas extraordinarias, por lo que el cambio rompe un acuerdo de años sobre cómo se organiza y remunera el trabajo en este servicio. En ese contexto, la presidenta regional de una de las asociaciones gremiales advirtió que “A nosotros no nos contrataron con jornadas con horas extraordinarias, nos contrataron con un sistema de turno. A nosotros no es una opción trabajar ocho horas más cuatro horas extraordinarias. Por tanto, nos parece, insisto, abusivo”, mientras otros dirigentes han puesto el foco en que “Este es un servicio crítico. Si nosotros dejamos de trabajar, por ejemplo, las 12 horas, ¿quién atiende a los niños? Nosotros, Pascua, Año Nuevo, todas las fiestas las pasamos día y noche con los niños”.
En Arica, funcionarias y funcionarios han advertido que los recortes pueden profundizar la fuga de personal, dificultar la mantención de dotaciones completas en los turnos nocturnos y festivos, y terminar afectando la estabilidad emocional y la seguridad de los niños y niñas que viven en residencias o asisten a programas especializados. Dirigentes gremiales han planteado además que el dictamen empuja a las personas a postergar licencias, embarazos o vacaciones por temor a nuevas mermas salariales, al punto de describir la situación como una verdadera “brutalidad” contra quienes sostienen el sistema de protección en terreno.
Mientras asociaciones de trabajadores preparan acciones administrativas y judiciales para revertir el criterio de Contraloría, exigiendo una ley clara de cuarto turno y recursos permanentes para financiarlo, desde el mundo de la niñez se recuerda que el servicio aún se encuentra en pleno proceso de instalación tras la salida del antiguo Sename. Organismos especializados han insistido en que cualquier cambio que debilite a los equipos de cuidado pone en riesgo estándares mínimos de protección y puede frustrar los compromisos asumidos por el Estado con la infancia más vulnerada del país, especialmente en regiones extremas como Arica y Parinacota.