La Policía de Investigaciones confirmó la detención de un sacerdote católico de 44 años en la localidad de La Tirana, región de Tarapacá, tras una denuncia por abuso sexual en contra de una mujer mayor de 14 años. El operativo fue realizado por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex), que concretó la aprehensión del religioso en el propio poblado, dejándolo a disposición del Ministerio Público para su control de detención y formalización.
Según los antecedentes policiales, la víctima —una mujer de 29 años— denunció haber sufrido tocamientos de connotación sexual por parte del sacerdote en un contexto de cercanía pastoral, lo que motivó la apertura inmediata de la investigación. La PDI recabó su testimonio, antecedentes médicos y otros elementos de prueba, configurando una primera hipótesis de abuso sexual consumado que deberá ser analizada por la Fiscalía Regional de Tarapacá. Desde la institución policial se destacó que el caso se abordó mediante protocolos especializados para delitos sexuales, privilegiando la protección de la víctima.
El detenido se desempeñaba como presbítero de la diócesis de Iquique y cumplía labores pastorales en La Tirana, además de funciones como vicario pastoral de la Catedral, según han informado medios locales. Tras conocerse la detención, el Obispado de Iquique comunicó que el sacerdote fue suspendido preventivamente de todo ejercicio público del ministerio mientras dure la investigación, y que se activaron los protocolos canónicos internos para colaborar con la justicia y evitar cualquier tipo de contacto con la comunidad a su cargo.
Organizaciones de la zona recordaron que la Iglesia chilena mantiene desde hace algunos años lineamientos para la prevención y denuncia de abusos, en respuesta a múltiples casos conocidos a nivel nacional, y enfatizaron que es clave que las autoridades eclesiásticas cooperen sin reservas con la justicia civil. Especialistas en materias de abuso eclesial advirtieron que, más allá de la responsabilidad penal que se determine para este presbítero, situaciones como esta vuelven a tensionar la confianza de las comunidades en sus liderazgos religiosos y refuerzan la importancia de protocolos claros, canales de denuncia accesibles y acompañamiento profesional para las víctimas.