Un cabo primero de la Fuerza Aérea de Chile pasó de ser destacado en su hoja de vida como “el mejor profesional” del Centro de Informática y Computación institucional a quedar bajo la lupa de la justicia, acusado de manipular de forma ilegal un sistema interno para evitar cumplir turnos de guardia. El uniformado está siendo procesado por el delito de falsificación informática y arriesga una pena que podría llegar hasta cinco años de cárcel, mientras permanece en prisión preventiva en la Guarnición Aérea El Bosque.
De acuerdo con los antecedentes recabados por la Fiscalía de Aviación y por la Unidad de Investigación de un medio de capitalino, el funcionario —especialista en plataformas tecnológicas— habría utilizado el software Toad for Oracle para acceder a la base de datos del Sistema Gestor de Servicios (Sisgeserv) y eliminarse del rol de centinelas, es decir, del listado de personal asignado a guardias perimetrales en la Base Aérea Los Cerrillos. Pruebas técnicas posteriores rastrearon la intervención hasta la dirección IP del computador que tenía asignado el propio cabo, consolidando la sospecha de una manipulación deliberada del sistema para beneficio personal.
La alerta surgió cuando el suboficial mayor responsable del Sisgeserv detectó que el nombre del cabo había desaparecido del listado sin justificación aparente. El caso escaló rápidamente en la cadena de mando: un informe del Departamento de Sistemas e Infraestructura fue remitido al comando de combate de la FACh, que a su vez derivó los antecedentes a la Fiscalía de Aviación, configurándose la imputación por falsificación informática al introducir, alterar o suprimir datos en un sistema institucional, abusando de la condición de funcionario público.
En su versión de defensa, el cabo alegó que terceros podrían haber usado su usuario y contraseña, asegurando que “desde la época de la pandemia se estableció como una práctica habitual, el tener que compartir mis credenciales personales con mis compañeros de trabajo, que cumplían turnos nocturnos y de fin de semana, con el objetivo de resolver en forma rápida y eficiente las emergencias”. Sin embargo, hasta ahora no ha entregado una explicación concreta de por qué alguien más lo habría borrado específicamente del listado de guardias, ni de qué forma ese eventual tercero se habría beneficiado de la maniobra, lo que mantiene debilitada su coartada frente a los peritajes informáticos.
El caso también abrió una disputa de competencia entre la justicia militar y la justicia ordinaria. La defensa sostiene que el día de los hechos el cabo se encontraba con permiso y, por lo tanto, debería ser tratado como civil, mientras que la Fiscalía de Aviación afirma que seguía cumpliendo funciones propias de su cargo. La Corte Suprema deberá zanjar qué tribunal continuará con la causa, mientras el imputado permanece privado de libertad y la FACh enfrenta nuevas preguntas sobre el control de sus sistemas críticos, el manejo de credenciales y la cultura interna de seguridad digital en una institución que depende cada vez más de plataformas informáticas sensibles.