Una nueva jornada de violencia sacudió al Instituto Nacional José Miguel Carrera, en pleno centro de Santiago, luego de que un grupo de encapuchados irrumpiera en el establecimiento con material incendiario y atacara a tres profesoras, a quienes además rociaron con bencina. El hecho obligó a suspender las clases de la mañana, encendió las alarmas sobre la seguridad en los liceos emblemáticos y generó condena transversal desde el mundo educativo y político.
De acuerdo con el comunicado oficial del propio Instituto Nacional, “esta mañana, alrededor de las 09:10 horas, un grupo de encapuchados irrumpió la jornada portando material incendiario”. Antes de reingresar al recinto, los sujetos habían protagonizado incidentes en la vía pública, lanzando bombas molotov y elementos contundentes, y enfrentándose a efectivos de Control de Orden Público de Carabineros. Tras el operativo, la policía detuvo a un menor de edad por porte de un artefacto incendiario tipo molotov.
Según detalló la rectoría, los hechos se desencadenaron cuando los encapuchados volvieron al colegio y comenzaron a causar daños al interior del inmueble. En ese contexto se produjo la agresión a las docentes: “Tras generar desórdenes en la vía pública, donde se sumaron individuos externos y se enfrentaron a Carabineros, reingresaron al establecimiento, ocasionando daños y agrediendo físicamente a tres profesoras, a quienes además se les arrojó bencina”, indicó la institución en su mensaje a la comunidad. Las profesoras resultaron lesionadas y debieron recibir atención y contención tras el ataque.
Ante la gravedad del episodio, la dirección del liceo decidió interrumpir la jornada de la mañana para evacuar a la comunidad educativa. En su comunicado, el establecimiento precisó que “dada la gravedad de estos hechos, se decidió suspender las actividades de la Jornada Mañana y solicitar el retiro de las y los estudiantes como medida preventiva” y que “las academias y talleres se retomarán a partir del mediodía, mientras que la Jornada Tarde y el servicio de alimentación Junaeb operarán con normalidad”. A la vez, el Instituto declaró que condena “categóricamente cualquier acción que ponga en riesgo a las personas y altere el desarrollo de la vida escolar”.
El ataque reavivó el debate sobre seguridad en los liceos emblemáticos y el rol del Estado frente a la violencia escolar reiterada. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, calificó a los agresores como “delincuentes” y exigió medidas de protección concretas para las profesoras, recordando que ya habían recibido amenazas previamente. Desde el Ministerio de Educación, el titular de la cartera, Nicolás Cataldo, señaló que los hechos “son inaceptables, son condenables y repudiables, pero también son delitos”, recalcando que “como son delitos, el Ministerio de Educación no tiene competencias legales para esos elementos” y que corresponde una persecución penal que identifique y sancione a los responsables.
En el Congreso, parlamentarios de distintos sectores demandaron respuestas más firmes del Gobierno y de las autoridades locales frente a lo ocurrido. Mientras algunos diputados han pedido sanciones “drásticas” y una política más clara para impedir la acción de grupos violentos al interior de los establecimientos, otros han subrayado la necesidad de abordar el fenómeno como un problema estructural, asociado a la persistencia de organizaciones antisistema que operan desde hace años en el entorno del Instituto Nacional y otros liceos tradicionales.
En paralelo, la comunidad educativa del Instituto Nacional evalúa medidas de contención y apoyo psicológico para las docentes atacadas y para estudiantes que presenciaron los hechos. Desde la rectoría se ha llamado a madres, padres y apoderados a conversar con sus hijos sobre el respeto, la responsabilidad y la resolución pacífica de conflictos, advirtiendo que este tipo de episodios no solo vulnera la integridad física de los trabajadores de la educación, sino que también golpea directamente el derecho a estudiar en un ambiente seguro y libre de violencia.