Gendarmería dispuso la suspensión de seis funcionarios —y la desvinculación de cinco de ellos— tras la fuga del interno Amílcar Olivares Cárdenas desde el penal Colina II, hecho que dejó en evidencia una cadena de fallas graves en los protocolos de seguridad. Paralelamente, Carabineros logró recapturar al reo en la comuna de Lo Espejo, luego de que este intentara engañar a los uniformados entregando una identidad falsa durante un control preventivo.
De acuerdo con lo informado por el director nacional de Gendarmería, coronel Rubén Pérez, el sumario interno detectó “una cadena de fallas garrafales e injustificadas” en la forma en que se manejaron los controles al interior del Centro Penitenciario Colina II. Por ello, “Durante las 24 horas posteriores a la fuga se decretó la suspensión de seis funcionarios, dos de ellos oficiales, uno es el jefe de unidad”, señaló la autoridad, añadiendo que “con fecha de hoy, se inició la notificación de las desvinculaciones de cinco funcionarios, utilizando la facultad del Director Nacional de llamar a retiro cuando se disponen de antecedentes suficientes”.
El interno fugado, que se encontraba en prisión preventiva por robo con intimidación, habría aprovechado debilidades en la vigilancia para saltar una pandereta y abandonar el recinto sin ser advertido a tiempo. Además, se conoció que ya contaba con un antecedente de fuga ocurrido en 2009 desde la Fiscalía Sur, lo que aumenta las dudas sobre por qué no estaba sometido a un monitoreo reforzado dentro del penal.
La recaptura se produjo cuando personal de la 30ª Comisaría de Radiopatrullas realizaba servicios preventivos en el sector de Presidente Salvador Allende con Padre Hurtado, en la comuna de Lo Espejo. En ese lugar, los carabineros controlaron a un hombre que se desplazaba por la vía pública; primero se negó a identificarse y luego entregó datos falsos, por lo que fue trasladado a la 11ª Comisaría para verificar su identidad en sistemas en línea. Allí se confirmó que se trataba de Amílcar Olivares Cárdenas, tras lo cual fue llevado a constatar lesiones y quedó a disposición del Ministerio Público por ocultación de identidad y por la orden de detención pendiente.
Desde el Ministerio de Justicia, el titular de la cartera, Jaime Gajardo, ya había calificado la fuga como un “episodio lamentable” y recalcado que el recluso “vulneró los distintos controles de seguridad al interior del penal”, sin descartar ninguna línea investigativa para establecer responsabilidades administrativas y penales. A su vez, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, destacó el resultado del operativo policial al afirmar que “quisiera primero destacar el trabajo de Carabineros. Hoy día logramos dar con otro prófugo. Llevamos importantes éxitos en materia de recaptura de personas fugadas este año”.
Respecto del futuro régimen carcelario del interno, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, adelantó que “esta persona va a estar dispuesta en el REPAS en unas condiciones de máxima seguridad para tranquilidad de la población. Vamos a tener a esta persona con un régimen especial que incluye disminución de su contacto y por cierto, una vigilancia permanente”, lo que implica un encierro bajo medidas reforzadas dentro de la red penitenciaria.
El propio director nacional de Gendarmería reconoció que la investigación no se limita a las fallas de procedimiento, sino que también abre la puerta a indagar posibles delitos: “Es parte de la investigación poder establecer fehacientemente si más allá de fallas operativas inexcusables, sea negligencia, descuido, relajo excesivo o la combinación de todas las anteriores. Si existe corrupción es algo que deberemos demostrar”, afirmó. Con ello, dejó abierto el escenario para eventuales acciones disciplinarias adicionales y eventuales causas penales en caso de acreditarse colusión o colaboración activa con el reo fugado.
En paralelo, distintos actores del mundo político y de derechos humanos han insistido en la necesidad de revisar a fondo los estándares de seguridad en Colina II y en otros recintos de alta complejidad, recordando que incidentes como este no solo exponen las debilidades del sistema penitenciario, sino que también afectan directamente la sensación de seguridad de la ciudadanía, especialmente cuando los reclusos involucrados están formalizados por delitos violentos.