Un joven de Arica que fue acusado de violación pasó más de dos meses en prisión preventiva y otros cuatro meses en arresto domiciliario, pese a que la Fiscalía terminó reconociendo que no existían antecedentes suficientes para sostener la imputación. Tras gestiones de la Defensoría Penal Pública de Arica y Parinacota, el Ministerio Público comunicó el cierre de la investigación y su decisión de no perseverar, confirmando que la causa no contaba con pruebas sólidas ni para acusar ni, menos aún, para justificar una medida cautelar tan gravosa.
La Defensoría advirtió que este caso expresa con crudeza las consecuencias humanas del uso excesivo de la prisión preventiva. El joven perdió su libertad, vio truncado su proyecto laboral y educativo y debió enfrentar la estigmatización social que conlleva ser señalado como agresor sexual, afectando también a su familia y entorno cercano. Aunque el proceso se cerró sin acusación, el impacto emocional, social y económico de los meses privados de libertad no se revierte automáticamente, y queda la marca de una sospecha que nunca debió haberse sostenido sin evidencia robusta.
En ese contexto, el defensor local jefe, Rodrigo Torres Díaz, subrayó la necesidad de aplicar la prisión preventiva solo en casos donde existan antecedentes realmente sólidos, señalando que “Un joven perdió más de dos meses de su vida y él y su familia quedaron marcados. La prisión preventiva solo corresponde cuando existen antecedentes reales y verificables, no por presión social ni por temores abstractos. Este tipo de decisiones nos obliga a reforzar la necesidad de actuar con cautela y responsabilidad en cada resolución judicial”. Su mensaje se alinea con las advertencias que la propia Defensoría ha formulado a nivel nacional respecto del “abuso” de esta medida, recordando que una porción significativa de las personas encarceladas en Chile aún no tiene condena firme.
Diversos estudios y pronunciamientos académicos han advertido que el uso intensivo de la prisión preventiva no solo tensiona el principio de inocencia, sino que también genera efectos “extralegales”: pérdida de empleo, quiebre de proyectos educativos, endeudamiento familiar y daños psicológicos de largo plazo. Tanto la Defensoría Penal Pública como especialistas de universidades han insistido en que la medida debe ser realmente excepcional y que existen alternativas cautelares menos intrusivas que pueden asegurar la comparecencia a juicio sin destruir la vida de personas que, como en este caso, terminan siendo declaradas inocentes por falta de antecedentes.
Para la Defensoría, lo ocurrido con este joven ariqueño refuerza la urgencia de elevar los estándares con que se solicita y decreta la prisión preventiva, mejorar la calidad de los antecedentes que se presentan en audiencia y fortalecer los mecanismos de control sobre su uso. El organismo reiteró su compromiso de seguir litigando en favor del respeto irrestricto a las garantías constitucionales y de visibilizar los casos en que personas inocentes, o respecto de quienes no hay pruebas suficientes, terminan privadas de libertad sin que el sistema asuma plenamente la responsabilidad por ese daño.