La Fiscalía de San Felipe formalizó a Iván Alfonso Taum Aros, amigo del piloto acrobático Fernando Tapia, por el uso fraudulento de una de sus tarjetas bancarias después de su muerte. Según la acusación, el imputado habría realizado compras y giros por más de $3 millones, aprovechando que tenía acceso a la tarjeta y a la clave del piloto, quien falleció el 29 de octubre tras capotar su avioneta en San Felipe, región de Valparaíso.
La familia de Tapia detectó los movimientos irregulares cuando el hijo mayor del piloto recuperó el chip de su celular para guardar fotos y recuerdos, y comenzaron a llegar notificaciones del banco por transacciones que no cuadraban con la situación de duelo. De inmediato se revisaron las cuentas y apareció un patrón de operaciones posteriores al accidente: giros en cajeros automáticos, compras en distintos locales comerciales y consumos que se extendieron por varios días. Tal como había relatado la hermana de la víctima en entrevistas anteriores, “había giros en la misma noche que falleció y cuando se estaba velando. Se registraron muchas compras… quedamos estupefactos porque él estaba fallecido”.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en audiencia, el dinero utilizado correspondería directamente a recursos que forman parte de la herencia de los hijos del piloto. La investigación de Fiscalía y PDI permitió establecer que la tarjeta fue usada al menos en una docena de operaciones: pagos en tiendas de ropa y calzado —donde incluso habría comprado zapatillas para regalar a un vendedor—, además de retiros de dinero en efectivo y consumos asociados a la celebración del cumpleaños del imputado.
En la formalización, el Ministerio Público le imputó el delito reiterado de uso no autorizado de tarjetas de pago, figura que sanciona a quien ocupa un medio de pago electrónico sin consentimiento de su titular. El Juzgado de Garantía decretó como medidas cautelares el arraigo nacional y la firma mensual, acogiendo la tesis de la Fiscalía respecto de la existencia de un fraude que supera los $3 millones, mientras se fija un plazo de investigación para complementar peritajes financieros, revisar registros de cámaras de seguridad y profundizar en el rastro de transacciones vinculadas a la tarjeta.
El caso ha generado fuerte repudio público, no solo por el perjuicio económico, sino por el contexto emocional en que ocurrieron los hechos: en medio del duelo de la familia y cuando todavía se intentaban reconstruir los últimos momentos de vida del piloto. Organismos especializados en delitos económicos han aprovechado de reiterar recomendaciones básicas de seguridad —como limitar el acceso a claves, bloquear tarjetas tras un fallecimiento y revisar de inmediato los movimientos bancarios— para reducir la posibilidad de fraudes similares, especialmente cuando personas cercanas tienen acceso a cuentas, claves o dispositivos del titular.