Luego de la polémica por el “asado” con alcohol en el Módulo 35 de Santiago 1, un funcionario en servicio activo describió cómo opera el intento de cooptación al interior del penal: según su testimonio, internos le han ofrecido hasta $10 millones para facilitar ingresos ilícitos. El caso reactivó sumarios y abrió una línea de investigación específica sobre eventuales redes de corrupción e infiltración del crimen organizado en la unidad penal.
En conversación con un equipo periodístico, el gendarme explicó que la presión sobre funcionarios incluye pagos por contrabando y favores operativos. “Existen internos que me han ofrecido 10 millones de pesos, desde una semana a un mes, con tal de ingresar a la corrupción”, relató, agregando que le han solicitado “droga, celulares, ingresar bolsas con drogas” a cambio de dinero. “A veces tengo temor de denunciar, porque si a lo mejor denuncio al interno, por haberlo denunciado me puede ir a buscar (…) Tengo temor de lo que pase, porque el día de mañana puede ser mi hijo, mi familia, a quienes secuestren a costa del crimen organizado por hacer mi trabajo en Gendarmería”, señaló.
El episodio que encendió las alarmas —la fiesta con asado y alcohol al interior de un módulo de imputados— derivó en allanamientos, aislamiento de internos involucrados y apertura de sumarios. A nivel central, el Ministerio de Justicia instruyó un equipo especial encabezado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente para indagar si hubo participación y omisiones de funcionarios en la celebración y en el eventual ingreso de elementos prohibidos.
La controversia también reavivó críticas históricas al control carcelario. “Hoy día Santiago 1 es una cárcel que, lamentablemente, sea la más corrupta de Chile”, afirmó el exdirector nacional de Gendarmería, Christian Alveal, quien advirtió sobre señales de “colapso” institucional cuando el crimen organizado penetra protocolos, encomiendas, visitas y perímetros externos (como los llamados “pelotazos”).
En paralelo a las diligencias penales, Gendarmería ajustó protocolos internos para reforzar trazabilidad de encomiendas, visitas y comunicaciones, además de controles extraordinarios en accesos y módulos con mayor conflictividad. La investigación fiscal deberá establecer la cadena de responsabilidades, el origen del alcohol y la eventual existencia de pagos a funcionarios, mientras avanza la revisión de registros, cámaras y comunicaciones asociadas al caso.