El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), general Hugo Rodríguez, descartó este martes que las instrucciones del Presidente Gabriel Boric tuvieran incidencia en la determinación de remitir los antecedentes del reciente caso de narcotráfico al Ministerio Público, en lugar de mantenerlo bajo la jurisdicción de la justicia militar.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados, Rodríguez fue consultado sobre la polémica en torno al procedimiento aplicado luego de que cinco exsuboficiales fueran sorprendidos trasladando ketamina a bordo de una aeronave institucional con destino al norte del país.
“En todos los delitos cometidos por militares en recintos militares tiene competencia la Fiscalía de Aviación”, sostuvo el jefe de la FACh, reafirmando la autonomía de la justicia militar en este tipo de situaciones, aunque puntualizó que, en este caso en particular, los antecedentes fueron finalmente derivados al Ministerio Público tras un análisis interno.
La controversia se encendió luego de que el Presidente Boric instruyera a la FACh —a través de un oficio público— entregar todos los antecedentes a la Fiscalía Regional de Tarapacá. Sin embargo, Rodríguez enfatizó que dicha indicación no fue determinante:
“El Presidente en esto no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no, porque esto tiene que ver con los tribunales de Justicia. Claro, es mi superior jerárquico, pero yo como superior de la Fuerza Aérea tampoco tengo relación con la Fiscalía de Aviación, sino que es el Poder Judicial”, sentenció.
En cuanto al actuar de los involucrados, el comandante en jefe no ocultó su indignación:
“Cometieron una traición a la patria. Lo único que esperamos es que se haga justicia y que tengan el resultado que corresponde en el delito del transporte de droga”, agregó con dureza.
El caso ha despertado una serie de cuestionamientos respecto a los mecanismos de control interno en las Fuerzas Armadas, así como al alcance de la jurisdicción militar en delitos de narcotráfico cometidos en el contexto institucional. Mientras tanto, los cinco exfuncionarios siguen enfrentando cargos por tráfico ilícito de estupefacientes, en una investigación que ahora sigue bajo el alero del Ministerio Público civil.